La Constitución de 1980 no garantiza el derecho a la alimentación ni menos la calidad de lo que ingerimos, pero ad portas de comenzar la discusión de contenido en la Convención Constitucional, hablamos con expertas y convencionales sobre una posible carga magna basada en propuestas como la agroecología, ante los costos que ha generado el modelo productivo intensivo de Chile, la potencia agroexportadora. De esa forma se busca dar de comer a los habitantes y trazar las líneas para una agricultura que se sostenga en el tiempo, en respeto y sinergia con los ecosistemas y su biodiversidad.
Si algo tienen en común Sudáfrica, Australia, la cuenca del Mediterráneo, Estados Unidos y Chile central es que la danza combinada de viento, humedad, veranos secos, entre otros factores, dan forma a los singulares territorios de clima mediterráneo. Estas condiciones solo se dan en cinco zonas específicas, que cobijan al 20% de todas las especies de plantas en un 2% de la superficie del planeta.
Por ello no es de extrañar que estos lugares brinden un escenario ideal para el desarrollo de la agricultura. De hecho, en la misma zona central Chile, entre las regiones de Coquimbo y del Maule, esta actividad ha sido crucial, según la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (Odepa), ya que esta área acumula el 63% de la producción agrícola nacional y el 89% de la generación frutícola, abarcando las hectáreas equivalentes a 10 veces la ciudad de Talca, es decir, 263.013 hectáreas.
Sin embargo, esto ha acarreado costos. La agroindustria intensiva ha dominado a nivel mundial a partir de la denominada Revolución Verde, impulsada desde la década de 1950, produciendo desde entonces una serie de impactos negativos para la biodiversidad debido al cambio de uso de suelo, los incendios forestales, el uso de pesticidas, y la introducción de especies exóticas, entre otros. Por supuesto, Chile no ha sido la excepción.
A esto se suma la emisión de dióxido de carbono de la industria a nivel global, que solo en 2011 correspondieron a 5 mil 300 millones de toneladas, según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). Según la misma medición, el 13% corresponde al uso de fertilizantes sintéticos, a los que se suman los pesticidas y el monocultivo que – debido a la falta de legislaciones- cubre alrededor del 80% de la superficie arable del planeta.
Por otro lado, la disminución del nivel de nutrientes en los alimentos debido a la erosión o degradación del suelo es un problema silencioso que también se cultiva en Chile, un país en que los niños y niñas aumentan sus índices de desnutrición, y a la vez se prioriza la exportación por sobre la alimentación interna.
En medio de ese escenario, 18 países de Latinoamérica y El Caribe tratan la alimentación desde el acceso o la calidad en su producción. Según indica la FAO, una de las actividades en legislación interna fundamentales y perdurables para asegurar el acceso adecuado a comida es insertarla en la Constitución de las naciones. Pese a ello, lo anterior no está garantizado en la carta fundamental de 1980 que está vigente en Chile.
Por este motivo, ad portas de comenzar la discusión de contenido en la Convención Constitucional, hablamos con expertas y convencionales sobre una posible carga magna de carácter agroecológico, que dé de comer a sus habitantes y entregue líneas para una agricultura que se sostenga en el tiempo en respeto y sinergia con los ecosistemas y su biodiversidad.
Perdiendo biodiversidad: problemas de la agricultura intensiva
Donde se pica la tierra para instalar un sistema de agricultura intensiva, cae desgracia para la biodiversidad. A nivel mundial el ejemplo de India es brutal. Si en 1988 en la nación coexistían más de 300 mil variedades de arroz, sólo 20 años después estas se habían reducido a 12. A su vez en 2015 la Unión Internacional por la Conservación de la Naturaleza (UICN) estimó que el agro intensivo ha afectado a un 53% de las especies clasificadas en alguna categoría de amenaza.
Las consecuencias son vastas y se traducen en un gran problema: la pérdida de la biodiversidad. “La agricultura es un tema que tiene sinsabores y formas en las que, lamentablemente, por no tener un carácter ecológico ligado al no uso de agrotóxicos y con una mirada sustentable, ha causado un gran impacto en nuestro país y el mundo”, afirma en conversación con Tomate Rojo Jadille Mussa, docente y ex directora de la Escuela de Arquitectura del Paisaje de la Universidad Central de Chile.
El mayor problema, como ya lo han señalado expertos alrededor del mundo, es que gran parte de esta producción está más ligada a la economía que a la alimentación. Como ejemplo concreto de ello, Jadille recuerda la producción de paltas, que le duele a zonas como Petorca. “Esta agricultura está ligada a la producción económica, donde los paltos han sido un gran cambio en el suelo que resulta en la pérdida de bosque esclerófilo y de un bosque muy alterado y con problemas de conservación que es el presente en los cerros de la zona costera. Cerros que, además, han sido ocupados por plantaciones de pino y eucalipto, por lo tanto, son terrenos que cada día están más pobres, donde es muy difícil la sustentabilidad. Para poder tener una acción agroecológica es necesario empezar a incorporar nutrientes y otros elementos”, asegura.
Pero nada de esto es nuevo. En 1996, en la Conferencia Internacional Técnica de las Naciones Unidas se estimó que ya se había perdido un 75% de la diversidad genética en los suelos utilizados para sistemas agrícolas intensivos. Y desde sus inicios, la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo (Cloc – vía campesina) promueve la agroecología como “único camino pertinente, viable y éticamente admisible para lograr la soberanía alimentaria”.
La agroecología se traduce en aplicar los principios de la ecología en el diseño, estudio y gestión de los sistemas agrícolas y agropecuarios. Tiene su desarrollo en Latinoamérica en las décadas de los 70 y 80 a través de la decepción provocada por la agricultura tradicional a académicos de Facultades de Agronomía de la región y a organizaciones sociales como el Movimiento Agroecológico Latinoamericano (Maela).
A nivel chileno, quien lleva esta bandera es la Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas (Anamuri), que apunta en su primer congreso nacional que la agricultura campesina “está siendo sistemáticamente destruida, producto de los procesos de privatización, la invasión y los abusos de poder por parte de las grandes empresas nacionales”. Además de un conjunto de “políticas públicas que se empeñan ciegamente en entregar el país a los empresarios”. Por ello la agroecología, junto a la semilla nativa, son para la organización un “patrimonio de los pueblos y su defensa. Su promoción es garantía de derechos sociales y de la naturaleza”.
El caso chileno tiene las intenciones de impulsar un paso parecido, uno más allá en la discusión de contenido que moldeará la nueva Constitución, que ya está empapada de carácter ambiental, tanto al declararse en estado de “emergencia climática y ecológica” el 4 de octubre, como por la cantidad de activistas por el agua, los ecosistemas y la justicia ambiental que ocupan un puesto al interior de la Convención.
Si hay una organización que sabe de ello es el Movimiento en Defensa del Agua, la Tierra y el Medio Ambiente (Modatima), organización que logró integrar cuatro puestos dentro del órgano que redactará la nueva carta fundamental y espacio donde milita la geógrafa Carolina Vilches Fuenzalida, hoy convencional constituyente por el distrito 6, escogida por el pacto Apruebo Dignidad y parte del colectivo de Eco constituyentes.
Para Carolina la discusión en la nueva Constitución no debe plantearse desde las voces marchitas de la agroindustria, “que de industria poco tienen, más pertinente es el concepto de empresariado agrícola”. Más bien propone partir por la Agricultura Familiar Campesina (AFC), para reconfigurar los sistemas de producción en el campo y la salubridad alimenticia. “En ese sentido es primordial repensar una nueva forma de restitución de la tierra, una nueva jurisprudencia que acompañe de manera honesta a los que trabajan la tierra y los campos chilenos. Pero por sobre todo que repiense el habitar y hábitat en la ruralidad. En ese sentido encarnamos la propuesta de reordenamiento ecosistémico para la sostenibilidad, a través del establecimiento de bienes naturales comunes y su preservación, el derecho al suelo y al agua para la subsistencia en un marco de economía descentralizada y respetuosa de las condiciones ambientales y las necesidades de restauración que implican por cierto el decrecimiento económico extractivista”, plantea en conversación con Tomate Rojo.
Para Amaya Álvez, constituyente del distrito 20, abogada y doctora en Derecho por la Universidad de York, las principales consecuencias de este sistema agrícola intensivo tienen que ver con el acceso al agua, amedrentado por el sistema económico. Por ello sostiene que “la nueva Constitución debe garantizar un mínimo común vital a la población, asegurando un acceso a una alimentación adecuada, para lo cual la agricultura es vital. Ésta debe responder a las exigencias ambientales que el nuevo texto impondrá, a efectos de respetar los ciclos naturales, logrando la satisfacción de las necesidades alimentarias de la población, junto con la protección de los ecosistemas”.
Chile, la potencia agroexportadora que no alimenta a sus hijos
Desde 1974 hasta ahora, según los antecedentes recopilados por Giglo y Kerrigan en “Los desafíos ambientales del desarrollo agrícola chileno”, el cambio en la estructura de administración de la tierra impuesto por la dictadura abrió el camino para el desarrollo de la agricultura intensiva de exportación, el uso de químicos y estrés hídrico en zonas de agroindustria. Las exportaciones chilenas de alimentos en el primer trimestre de 2021 correspondieron a 3 mil 488 millones de dólares, siento el principal destino China, llevándose el 54% y seguido por Estados Unidos, con casi un 11%. Del total de exportaciones las frutas frescas concentraron el 94% de los envíos al exterior. Las mismas que sólo el 34% de la población consume diariamente y el 7.9% declara no consumirlas en una semana habitual. 27 % de los hogares no puede acceder a una canasta alimentaria de calidad según se establece en la Política Nacional de Alimentación y así mismo sólo un 5% puede acceder a una canasta familiar saludable.
Como señalamos en el reportaje Radiografía a la Agroindustria en la Convención Constitucional, la inseguridad alimentaria chilena alcanza un 15.6%, de acuerdo con un informe de Naciones Unidas. En total, 2.9 millones de personas que habitan el país, equivalente a toda la población registrada en el Censo de 2017 de las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Coquimbo, Los Ríos, Aysén, Magallanes y la Antártica y la comuna capitalina de Cerro Navia.
Eso a nivel general. Si aplicamos lupa a las y los más pequeños, la situación se vuelve más grave y reconocible. Desde que la pandemia arrojó sus primeras cifras de la situación alimentaria, niños y niñas sufrieron 0,8 puntos más de malnutrición, llegando a un 2.6% según el Mapa Nutricional 2020. Es decir, 19 mil infantes mostraron signos por déficit de comida en Chile, un retroceso de décadas. Además, el rango etario entre 14 y 18 años también se enfrenta a un problema de consumo de nutrientes. Según el informe final de la Encuesta Nacional de Alimentación del Ministerio de Salud realizada por la Universidad de Chile, este se perfila como un grupo de alto riesgo.
A pesar de estas cifras, para la misma Odepa se justifica el fomento de la exportación de alimentos en su informe de 2019 “ante la constatación de que el mercado nacional es muy reducido y que el potencial productivo del sector silvoagropecuario es muy alto y diversificado”.
Al respecto hablamos con Lucía Sepúlveda, encargada del área de semillas y transgénicos de la Red de Acción en Plaguicidas (Rap Chile) y parte de Chile Mejor sin TLC. Para la periodista, la soberanía alimentaria, que es el derecho de los pueblos a definir – de acuerdo a su cultura y tradiciones- cómo cultivar y alimentarse, “está vulnerada. Esto ya que el Estado promueve directamente al agronegocio y la agricultura convencional alta en uso de plaguicidas y con semilla industrial que requiere manejo con químicos. Eso significa que el país exporta commodities para el norte global, exporta delicatesen para el desayuno o el postre de la mesa de otras naciones y debe importar trigo, cereales, carnes y legumbres porque no se están produciendo en Chile las cantidades que se requieren para abastecernos”. Ciertamente sólo las importaciones de trigo panadero y candeal alcanzaron 409.585 toneladas entre enero y abril de 2021.
A lo anterior se suma la falta de agua, esencial para la producción de alimentos, ya sea de manera intensiva o agroecológica. En Chile, al 22 de septiembre y en palabras de la Dirección General de Aguas, 168 comunas de las 346 que conforman el plano administrativo del país se encuentran con decreto de escasez hídrica. “Por lo tanto tampoco hay soberanía sanitaria, la falta de agua es incompatible con una buena salud, y más aún en tiempos de pandemia. Por otra parte, como las familias campesinas ya no producen para su sustento y el Estado y las entidades públicas del agro las orientan al “encadenamiento productivo” -producir un solo cultivo o elemento para los supermercados o la exportación- compran sus alimentos en el pueblo, y la calidad nutricional que tiene hoy su alimentación es totalmente deficitaria, alta en azúcares, bebidas, y alimentos procesados que generan enfermedades crónicas”, señala Lucía.
¿Y cómo logramos un cambio para la buena alimentación?
Las visiones agroecológicas que podrían plasmarse en la nueva Constitución requerirán necesariamente de la implementación de una institucionalidad acorde, para que los cambios no queden en el aire. Por ello es que también consultamos las miradas de constituyentes, voces académicas y activistas sobre lo palpable, lo que en la práctica daría luz a la implementación de un nuevo sistema de generación de alimentos, apuntando también a la restauración de la biodiversidad y al combate del hambre.
En lo inmediato, Jadille apuesta por una nueva revolución verde, donde “los procesos ecosistémicos con un trabajo de armonía con la naturaleza tienen que ser el norte de nuestra alimentación”. Esto porque hoy “hablamos de una agricultura obsoleta que no solamente daña el suelo y la vegetación, sino que a una serie de animales que son muy importantes para el ecosistema”. Además, afirma que para el tránsito de este sistema es fundamental la elección individual, acompañando cambios estructurales. “Debemos rechazar alimentos que no son sustentables. Como consumidores somos responsables de elegir y pedir alimentos ecológicos y que tengan menores precios. Porque es muy cómico ya que hay alimentos que tienen un alto impacto y tienen precios muy bajos, y alimentos adecuados para las personas son casi de elite”.
En términos prácticos, primero en la Convención Constitucional, el tema debería revisarse, a los ojos de Lucía, en la comisión 5, “puesto que aborda el tema del modelo económico y los bienes naturales, entre ellos el agua, la semilla y sobre todo los de derechos de la naturaleza, y deberá fijar el marco a través del cual se defina la priorización de los usos del agua, asegurando que exista agua suficiente para el consumo de los seres humanos -hoy obstaculizado por los monocultivos de palta o las forestales- y agua para las necesidades de los ecosistemas. Así la actividad extractivista, incluyendo el agronegocio, deberá ajustarse a normas que respeten el ciclo natural del agua y todos los cuerpos de agua”.
Si bien la Constitución no podrá entrar en detalles, agrega que “deberá establecer al menos en el estatuto del agua que se trata de un elemento natural no privatizable, lo que obligará a adecuar toda la legislación a ello, eliminando el carácter de mercancía del agua”. La misma comisión será la encargada de tocar el tema semilla, origen de la alimentación. Para Lucía un paso clave es “declarar la semilla como un bien natural ligado a la soberanía alimentaria y a la agroecología, incluyendo la necesidad de generar políticas públicas para recuperar la semilla tradicional como una de las bases para el desarrollo de la agroecología, junto a la disponibilidad de agua y de tierra para los cultivos”.
Desde dentro del hemiciclo y sobre la institucionalidad, la constituyente y geógrafa de Modatima asegura que un problema inicial es que los organismos del Estado han tercerizado sus labores bajo el velo multifuncional, que beneficia al empresariado agrícola y despoja el alcance de las instituciones a campesinas y campesinos. “De esta forma debemos resignificar esta institucionalidad para poner al servicio de quienes realmente trabajan el campo y así reconfigurar el modo en que esta permea a las comunidades y personas y no la inversa, sin dejar de lado el aspecto económico”, plantea.
También desde el interior de la Convención y con una voz eco-constituyente, Amaya señala que el actual modelo agroexportador y su institucionalidad hace que salte a la luz “la crisis del agua que vivimos, producto de una institucionalidad insuficiente, inspirada por un modelo neoliberal que ha privatizado el agua, convirtiéndola en un bien de consumo. Las comunidades sufren hoy las consecuencias de dicho modelo, agravado por la crisis climática. La institucionalidad actual debe ser examinada, revisada y el proceso constituyente es una oportunidad para evaluarla críticamente. Sin embargo, hay que tener presente que la Constitución sientas bases, principios y una institucionalidad general”.
Institucionalidad que, sin duda, será un punto de discusión álgido, debido a los conflictos de interés que existen en la Convención Constitucional respecto a la agroindustria. No obstante, la esperanza en un modelo agroecológico, con miras al futuro, crece en la primera Constitución que será escrita en contexto declarado de emergencia climática y ecológica.
Este trabajo fue producido en el marco del proyecto Cambio Climático y Nueva Constitución de FES Chile, Climate Tracker y ONG FIMA.
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