El ministro de Relaciones Exteriores (RR.EE) , Andrés Allamand, acudió a la comisión de RR.EE del Senado para expresar la opinión del gobierno sobre el Acuerdo de Escazú, un inédito tratado, tanto a nivel regional como mundial, que busca garantizar el acceso a la información, participación pública y justicia ambiental en Latinoamérica y el Caribe.
En la cita, Allamand reiteró la posición del Ejecutivo. “El acuerdo, en opinión del gobierno y como está planteado, es inconveniente para Chile. Esa es la razón por la que hasta ahora no se ha suscrito”, señaló el canciller, según consigna La Tercera.
Asimismo, indicó que “estamos agotando, en estos días, el análisis de cuatro aspectos que van al fondo del debate”. Los cuatro detalles son: analizar los posibles cambios que traerá el acuerdo a la legislación ambiental nacional; el alcance interpretativo de algunos de sus principios; examinar la naturaleza de las obligaciones y compromisos a los que el país se vería expuesto si se ratifica el acuerdo; ver la eventualidad de que Chile sea llevado a tribunales internacionales.
Este análisis se lleva a cabo a menos de 20 días que culmine el plazo de suscripción inicial al Acuerdo de Escazú (26 de septiembre). A su vez, para que entre en vigencia, se necesita la ratificación de 11 países de la región. Hasta el momento nueve lo han hecho: Antigua y Barbuda, Bolivia, Ecuador, Guyana, Nicaragua, Panamá, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Granadina y Uruguay).
El Ejecutivo ni siquiera ha dado la firma inicial al tratado, a pesar de que Chile, durante el primer gobierno de Piñera, fue uno de sus principales ideólogos.
Los dichos de Allamand son el corolario de una serie de negativas de autoridades del gobierno. “Todo lo que establece Escazú está contenido en la legislación nacional. Por lo tanto, no agrega nada. Tenemos ministerio, Superintendencia, Tribunales. Nuestra legislación protege lo que nosotros protegemos”, señaló el presidente Piñera a finales de septiembre del 2019.
Oposición llama a firmar
El lunes, mediante una declaración pública, la oposición llamó a firmar el acuerdo. “Este compromiso, es una respuesta a la situación que enfrenta la población de las zonas de sacrificio. La larga lucha de las organizaciones de Puchuncaví-Quintero sería distinta si pudieran contar con toda la información de manera transparente. Es una respuesta básica a un país que no quiere ser objeto, sino actor de las decisiones y su futuro”, indicaron los partidos firmantes.
“El Acuerdo de Escazú viene a saldar una deuda de justicia con la ciudadanía que cuida del medio ambiente, a protegerla y a garantizar sus derechos. Es imperativo que Chile suscriba el Acuedo de Escazú, como la última oportunidad que tiene este gobierno de demostrar su compromiso en la defensa de los derechos a la participación de la ciudadanía y liderazgo internacional en la crisis climática y ecológica”, complementaron.
