Un informe regional identifica 30 proyectos en Chile como “falsas soluciones” al cambio climático. Concentrados en Antofagasta, Atacama y Biobío, incluyen plantas de biomasa, hidrógeno verde y minería de litio. El IV Encuentro Latinoamericano y del Caribe por la Justicia Climática, que se realizará en Valparaíso, busca visibilizar sus impactos y promover alternativas reales desde los territorios.
Chile acogerá del 20 al 22 de agosto el IV Encuentro Latinoamericano y del Caribe por la Justicia Climática, una cita que reunirá a organizaciones, redes y movimientos sociales de la región con un objetivo central: radicalizar la denuncia contra las falsas soluciones a la crisis climática y visibilizar sus impactos en los territorios.
El evento, organizado por la Plataforma Latinoamericana y del Caribe por la Justicia Climática (PLACJC) y la Campaña Global para Exigir Justicia Climática (DCJ), se enmarca en la segunda fase del proyecto Detener la Captura Corporativa Climática. La instancia es levantada por organizaciones como Migrantas, Movimiento por el Agua y los Territorios (MAT), GAIA, Colectivo VientoSur, Alianza Basura Cero Chile, Fondo Alquimia, Marcha Mundial de las Mujeres, Observatorio de Conflictos Ambientales (OLCA) y Tomate Rojo, entre otras. En paralelo, y en sinergia con la Coalición Mundial por los Bosques (CFG), la Red Ambiental del Papel (EPN) y la Red de Acción sobre la Biomasa (BAN), se realizará una reunión con comunidades afectadas por proyectos de biomasa en Chile.
Durante el encuentro se dará a conocer un reciente informe del Mapa de Falsas Soluciones a la Crisis Climática, que reveló que en Chile existen 30 proyectos que, pese a presentarse como acciones climáticas, refuerzan el modelo extractivo y no reducen las emisiones globales. El mapa busca ser una recopilación comunitaria de datos geográficos que identifican la amenaza de Falsas Soluciones y es producto de una articulación entre la Plataforma Latinoamericana y del Caribe por la Justicia Climática y la Campaña Global para Exigir Justicia Climática.
El análisis, liderado por el Colectivo de Geografía Crítica del Ecuador, muestra que la mayor parte de estos proyectos se concentra en Antofagasta (6 casos), Atacama (4) y Biobío (4), regiones con larga historia de explotación minera, energética y forestal. Entre las iniciativas destacan plantas de biomasa (7 casos), proyectos de hidrógeno verde y combustibles sintéticos (6), hidroeléctricas (5) y minería de minerales críticos (5), principalmente litio y cobre. Seis de los proyectos identificados se ubican en o cerca de áreas protegidas del SNASPE, y otros se superponen con territorios indígenas y ecosistemas frágiles.
Seis proyectos se ubican dentro o cerca de áreas protegidas del Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado (SNASPE), como el Parque Nacional Chiloé y la Reserva Nacional Magallanes. Otros coinciden con territorios indígenas y ecosistemas frágiles como humedales y cuencas hídricas, aumentando la presión sobre comunidades locales.
“Estos casos se localizan en áreas como el Parque Nacional Chiloé, el Parque Nacional Nevado Tres Cruces, la Reserva Nacional Magallanes, la Reserva Nacional Río Los Cipreses y la Reserva Nacional Laguna Parrillar” – Colectivo de Geografía Crítica.
En lugares como San Pedro de Atacama, el uso intensivo de agua para producir energía “limpia” genera inquietud entre habitantes que dependen de acuíferos en zonas desérticas. En Biobío, las plantas de biomasa incrementan la contaminación del aire en comunas rodeadas de monocultivos forestales.
El financiamiento revela un fuerte peso de capital extranjero: Francia (4 casos), China (2), España (1), además de esquemas de cooperación multilateral con Reino Unido, Canadá y Estados Unidos. En 9 casos, el origen de los fondos no pudo determinarse. La mayoría (29) recibe financiamiento privado, seguido por fondos públicos nacionales (12) e instituciones financieras internacionales como el BID, FMI o CAF (9). El informe señala que esta composición muestra la primacía de intereses corporativos sobre las agendas estatales.
Para las organizaciones que elaboraron el informe, esto evidencia una geopolítica del financiamiento climático que concentra el poder en actores corporativos y limita el rol del Estado.
“La procedencia de los fondos, en su mayoría privados o provenientes de actores del norte global, evidencia una geopolítica del financiamiento climático que reproduce relaciones de poder desiguales entre países emisores históricos y territorios del sur global, condicionando las agendas nacionales a intereses externos. Se observa una alta concentración de capital europeo y asiático —con Francia, China y España como actores clave—, junto con combinaciones de cooperación multilateral que refuerzan el peso de capitales externos en la toma de decisiones” – Colectivo de Geografía Crítica.
El informe y el encuentro coinciden en un diagnóstico: la transición energética en Chile no es una transformación, sino una reconfiguración del extractivismo. Por ello el encuentro contempla una jornada abierta en alianza con la Universidad de Playa Ancha donde se dará a conocer el informe. Durante el viernes 22 de agosto en el Auditorio de Ciencias Naturales e Ingeniería de la Universidad de Playa Ancha recibirá a las 11.20 el Foro Seminario Internacional: Cambiemos el sistema, no el clima, que se transmitirá también por una red de comunicación de organizaciones ambientales y medios independientes de Latinoamérica y el Caribe y cuya inscripción se puede realizar en este enlace.
