La Subsecretaría de Pesca y Acuicultura (Subpesca) convocó este miércoles en Puerto Montt a los “Diálogos para el Futuro del Borde Costero”, una instancia que busca recoger propuestas y visiones sobre el uso del borde costero en Chile. Sin embargo, organizaciones de pueblos originarios cuestionaron duramente el proceso, acusando falta de representación indígena y señalando que el espacio estuvo marcado principalmente por la presencia de instituciones públicas y representantes de la industria acuícola, especialmente del sector salmonero.
Hasta la jornada llegaron integrantes de organizaciones indígenas para manifestar su preocupación frente a un diálogo que, según denuncian, busca instalar modificaciones a la Ley 20.249 (conocida como Ley Lafkenche) sin garantizar la participación efectiva de las comunidades directamente afectadas.
Yohana Coñuecar Llancapani, coordinadora de la Red de Mujeres Originarias por la Defensa del Mar e integrante de Identidad Territorial Lafkenche (ILT), señaló que:
“Estos espacios de diálogo no están garantizando una participación efectiva ni proporcional de los pueblos originarios, especialmente en la Región de Los Lagos, uno de los territorios más tensionados en la discusión sobre espacios costeros”.
La dirigenta cuestionó además la ausencia de instancias seguras y vinculantes para las comunidades indígenas. “El acceso a la participación no es una concesión: es un derecho de los pueblos originarios, y ese derecho hoy no está siendo garantizado. Tampoco ha sido debidamente considerado en el Parlamento”, afirmó.
Desde las organizaciones de pueblos originarios también acusaron que la discusión se encuentra desequilibrada, debido a la fuerte presencia de actores que históricamente han impulsado el debilitamiento de los derechos indígenas en el borde costero, mientras las comunidades continúan sin representación real en decisiones que afectan directamente sus territorios y formas de vida.
“Creemos que hoy el Estado tiene una enorme responsabilidad en la forma en que se ha aplicado la ley. No se han destinado recursos suficientes a las instituciones con competencias dentro de los ECMPO, y eso nos ha llevado a la situación actual”, señaló la dirigenta, quien además rechazó cualquier intento de modificar la normativa: “
Especialmente porque se está impulsando a puertas cerradas y sin la participación efectiva de los pueblos indígenas.”
Por su parte, la diputada por la Región de Los Lagos, Emilia Nuyado, quien estuvo presente en la instancia, sostuvo que “cuando se quiere dialogar, esta no es la forma de hacerlo”. La parlamentaria enfatizó que cualquier proceso de discusión debe comenzar en los territorios, junto a las comunidades y actores que habitan el borde costero, antes de iniciar procesos de consulta formal.
Asimismo, recordó que el Convenio 169 de la OIT establece que la consulta indígena debe realizarse de buena fe, con participación efectiva, acceso a información y de manera previa a la toma de decisiones.
Nuyado también recalcó que existe una postura clara de las comunidades y de quienes habitan el borde costero.
“Antes de que existiera nuestra Ley 20.249, no estaban considerados ni los pescadores artesanales ni las comunidades que viven en estos territorios”, señaló. En esa línea, insistió en que el diálogo debe incluir a la pesca artesanal, recolectoras de orilla y comunidades indígenas que históricamente han convivido y sostenido estos espacios.
Las organizaciones presentes señalaron además que gran parte de las exposiciones realizadas durante la jornada estuvieron enfocadas en cuestionamientos procedimentales a la aplicación de la normativa, más que en fortalecer mecanismos de participación y protección de derechos para las comunidades costeras.
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