Desde el 8 de junio y hasta el 10 de agosto se encuentra abierta una nueva consulta pública del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), para realizar observaciones al proyecto de resolución que establece nuevos requisitos para la comercialización de semilla corriente en el mercado interno.
El texto en consulta ha generado una alerta en el vasto y diverso movimiento de defensa de la semilla y la soberanía alimentaria, ya que prohíbe la comercialización de toda semilla no inscrita en la Lista de Variedades Oficialmente Descrita (LVOD), lo cual invalida su libre circulación en mercados locales, ferias o incluso intercambios de semillas. .
Para el SAG el comercio de semillas es “la venta, tenencia destinada a la venta y toda cesión, entrega o transmisión con fines de explotación comercial de semillas, a título oneroso o no.”
Con esta definición, la entrada en vigencia de la resolución pondría en la ilegalidad los intercambios de semilla, una práctica tradicional no onerosa (sin fines de lucro) de las comunidades indígenas y extendida a muchos territorios.
Es por esto que la Red de Semillas Libres, con integrantes de norte a sur del país, está llamando a participar en la consulta. A su vez, la Asociación Nacional de Mujeres Rurales e indígenas (Anamuri) y otras organizaciones están analizando la resolución. Por otro lado, el Colectivo Ecológico de Acción hizo un llamado a informarse, organizarse en los territorios e ingresar observaciones a la consulta.
El trasfondo político: TPP-11 y UPOV 91
“Años de resistencia, años dando charlas, años en la calles y no nos creyeron. Nos criminalizaron, amenazaron y no nos creyeron. Muchos no escucharon. Nuestros gritos decían ‘ya van a ver, ya van a ver, cuando sin semillas no tengan que comer‘, nos miraban incrédulos y se reían. Pero aquí y ahora están operando la aprobación del TPP-11 y la elección de este Kastigo, veamos cuánto aguantamos”.
Estas son las palabras de Patricia Dedos Verdes, guardadora de semillas y luchadora social por las semillas libres y una vida en dignidad.
Existe una larga historia de lucha ciudadana en defensa de la soberanía alimentaria, ligada a sucesivos intentos de los gobiernos para derogar la actual Ley de Semillas, abrir el mercado interno a los cultivos transgénicos e imponer el convenio internacional UPOV 91 de privatización de la semilla a través de los Tratados de Libre Comercio.
La lucha más reciente fue contra el TPP-11, pero a pesar de la fuerte oposición ciudadana y política al tratado, las presiones internacionales y los intereses de las transnacionales fueron más fuertes, razón por la cual el tratado fue ratificado y posteriormente entró en vigencia en febrero de 2021 durante la administración del Presidente Gabriel Boric.
Oposición ciudadana a las nuevas normativas
El TPP-11 o CPTPP plantea en uno de sus artículos que los productos de la biotecnología son una mercancía y no requieren evaluación de riesgo. Hoy, el gobierno ajusta las normativas a fin de avanzar hacia una nueva ley de semillas a la medida de las grandes empresas semilleras. Mientras tanto, a nivel internacional el hambre se dispara por el aumento en el precio de los alimentos y las guerras en curso.
Este tipo de normativas no son nuevas y el movimiento por la defensa de la semilla cuenta con un importante precedente a su favor: en 2024 una masiva campaña logró la derogación de una resolución exenta similar a la actual y que el SAG elaboró sin abrir canales de consulta ciudadana.
Aquel triunfo sirve como insumo para enfrentar hoy el actual proceso de discusión que desconoce la existencia de las variedades de semillas tradicionales, criollas y locales; cultivos que son la base de la alimentación en Chile y están en manos de los pequeños productores, así como de comunidades indígenas, huerteras y huerteros a lo largo del país.
El doble estándar regulatorio del SAG
La propuesta del SAG incluye requisitos como la etiqueta amarilla y análisis de laboratorio, entre otras, que no consideran las particularidades de las semillas campesinas y le atribuyen las mismas exigencias que las semillas certificadas. En cambio ya hay luz verde para las semillas genéticamente manipuladas con la técnica de edición genética, como ocurre con el trigo y otros cultivos editado genéticamente en laboratorio.
Esta nueva propuesta de resolución exenta del SAG, que no pasa por Contraloría, es la continuación de la reciente consulta pública donde asume la “edición génica” como equivalente al mejoramiento convencional y la califica dentro de las “nuevas técnicas de fitomejoramiento”. Este es un mecanismo utilizado por la institucionalidad para desregular el cultivo de organismos genéticamente modificados sin pasar por el Congreso.
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En la anterior consulta el SAG propone el cultivo y la comercialización de los nuevos OGM sin evaluaciones de riesgo, sin zonas de exclusión, sin trazabilidad y mucho menos etiquetado. En cambio, en esta nueva consulta sobre “semilla corriente” impone a la agricultura campesina, a las y los huerteros y comunidades indígenas, requerimientos inalcanzables por su costo y complejidad. Así, en la práctica, favorece el monopolio comercial de grandes corporaciones como Bayer/Monsanto y Syngenta junto sus aliados nacionales, entre los cuales destacan Semillas Baer y Neocrop Technologies.
Bypass al Congreso y acuerdos internacionales
Esta propuesta del SAG es contradictoria con los compromisos derivados de leyes y convenios internacionales relacionados con la semilla y la biodiversidad firmados por Chile. Entre ellos destaca el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales que en su artículo 1.2 establece que “todos los pueblos pueden disponer libremente de sus riquezas y recursos naturales” y “en ningún caso podrá privarse a un pueblo de sus propios medios de subsistencia”.
Asimismo, la resolución vulnera la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Campesinos y de Otras Personas que Trabajan en las Zonas Rurales, instrumento al que Chile suscribió dura dente el segundo gobierno de Sebastián Piñera.
Recomendamos la lectura de Alerta Semilla: cuando regular el comercio puede encerrar la vida, para conocer más de las implicancias de la normativa que propone el SAG.
Por otro lado, te dejamos aquí el link para ingresar tu observación a la consulta iniciada por el SAG.
*Artículo escrito por Carolina Agurto Flores y Lucía Sepúlveda Ruiz
