Bajo el título “Semillas en Resistencia”, el conversatorio organizado por una articulación de organizaciones sociales reunió a dirigentas y expertas para analizar la ofensiva del gran capital sobre la biodiversidad y la soberanía alimentaria, abordando diferentes puntos alarmantes de la nueva regulación del SAG.
ANAMURI, Chile Mejor sin TLC, Slow Food, Colectivo VientoSur, Tomate Rojo, y la comunidad Yaguel Lavkenche reunieron en el Conversatorio Semillas y Pueblos en rebeldía frente a la nueva legislación del SAG a defensoras de la semilla de diferentes lugares de Chile y Latinoamérica para dialogar sobre la criminalización del intercambio de semillas, los tratados de libre comercio y la ofensiva ante una legislación que amenaza con limitar la libre circulación de semillas.
La nueva normativa del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), impulsada bajo la figura de una resolución exenta para evitar el debate parlamentario, representa una ofensiva directa contra los sistemas campesinos al redefinir el concepto de comercio de manera arbitraria. Bajo esta regulación, cualquier acto de cesión, entrega o intercambio tradicional de semillas, incluso si se realiza sin fines de lucro o como un regalo, es catalogado como “explotación comercial”, lo que criminaliza prácticas ancestrales que han existido desde el origen de la agricultura.
Contexto y Problemática Central El conversatorio analiza cómo los Tratados de Libre Comercio (TLC) actúan como herramientas del gran capital para privatizar las semillas tradicionales y controlar la agricultura a nivel global. Se plantea que estos tratados imponen normativas de propiedad intelectual que obligan a los Estados a restringir el uso de semillas nativas y criollas, favoreciendo a corporaciones transnacionales y amenazando la soberanía alimentaria de los pueblos.
Camila Montecinos, del Frente de Asalariadas de ANAMURI, fue enfática al señalar que los tratados de libre comercio “son un conjunto de reglas que le dan una serie de privilegios y garantías al capital y que obligan a los estados a apretarnos al resto de la población”. Según Montecinos, el objetivo final es el control total de la alimentación:
“Quien controla las semillas controla lo que se siembra, controla lo que se cosecha y controla, por supuesto, lo que se come”
Por su parte, Lucía Sepúlveda, de Chile Mejor sin TLC, vinculó esta ofensiva con el lobby internacional de la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV). “El UPOV es como el gran lobby internacional de las empresas… ellos hablan de protección, pero en realidad lo que protegen es su lucro, su bolsillo”. Sepúlveda advirtió que estas empresas, como Bayer-Monsanto y Syngenta, operan bajo nombres nacionales para influir directamente en la legislación chilena.
La amenaza del SAG y la criminalización del intercambio
Una de las mayores preocupaciones expresadas fue la nueva resolución del SAG que busca regular el comercio de semillas en Chile. Jacqueline Arriagada, de Crianza Ecológica de Slow Food, denunció que esta normativa busca forzar el registro de semillas tradicionales, una medida que considera “absolutamente antinatural”. Arriagada explicó que el afán de registro es una forma de persecución: “Nuestras semillas nunca han necesitado estar registradas, nunca… el espíritu de esa norma tiene que ver con la privatización”
Al respecto Montecinos, desde ANAMURI, alertó sobre la definición de “comercio” en la resolución, que incluye cualquier entrega o cesión, incluso si no hay dinero de por medio. “Eso inmediatamente cubre los intercambios porque el intercambio, por muy tradicional que sea, es una sesión de la semilla… están criminalizando algo que la gente ha hecho desde que existe la agricultura”. Además, denunció una política de “matonaje” institucional, donde funcionarias del SAG han amedrentado a campesinas asegurando que podrían ir presas por guardar semillas.
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Leidy Benítez, de la campaña Semillas Libres, relató las devastadoras consecuencias de la Resolución 9.70 del año 2010, impuesta tras el TLC con Estados Unidos. Benítez recordó el caso de Campo Alegre, donde “el ICA decomisó y destruyó 70 toneladas de arroz” bajo el argumento de que no eran semillas certificadas.
“Se empezó a criminalizar a las comunidades… por guardar una semilla que históricamente ha sido de las comunidades”, afirmó Benítez, quien destacó que solo tras masivas movilizaciones sociales se logró derogar dicha norma en 2013.
Llamado a la resistencia: “Adopte una semilla”
Como respuesta a esta ofensiva, las organizaciones llamaron a fortalecer la agricultura campesina e indígena y a participar en la campaña mundial “Adopte una semilla”. Camila Montecinos explicó que la iniciativa busca que cada persona u organización se comprometa de por vida a mantener una semilla viva: “Reproducirla todos los años y compartirla cuando la gente no la tiene… es la forma más segura de defender la semilla, que esté en manos de muchos y muchas”
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Finalmente, Jacqueline Arriagada instó a mantener la esperanza y la articulación colectiva:
“Nuestra resistencia se ha dado, se está dando y se tiene que mantener… hay que levantar la mano y decir que vamos para adelante”
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