Este martes el Ejecutivo mandó al Parlamento el proyecto para que se ratifique la firme del Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico, o mejor conocido como TPP-11.
El tratado se firmó el ocho de marzo, durante los últimos días del gobierno de Michelle Bachelet. Para que el país se adhiera definitivamente al TPP-11 solo falta la aprobación del Congreso.
Además de Chile, otros diez países forman parte del pacto, entre los que se encuentran Canadá, México, Singapur, Japón, Perú, entre otros.
La controversia por el TPP-11 viene por su afán de convertirse en una “constitución global” dándole garantías a las grandes empresas transnacionales en detrimento de los derechos civiles, digitales y las soberanías nacionales de los países que lo conforman.
En este video Nathalie Nicloux explica cinco puntos problemáticos del tratado.
¿Por qué se envía ahora al Congreso?
Para que el TPP-11 empiece aplicar sus medidas se necesitan al menos 6 países que hayan ratificado su firma. El 31 de octubre Australia se convirtió en el sexto país.
Con la aprobación del Parlamento australiano, el 30 de diciembre los mecanismos del tratado entrarán en función, es decir, en poco menos de dos meses. De ahí la celeridad del gobierno para que se apruebe la firma del TPP-11
Las críticas de organizaciones civiles
Lucía Sepulveda, vocera de Chile Mejor sin TLC, dice que: “hay tantas cosas pasando que el Gobierno nos quiere pasar un gol con el TPP-11, por lo que generarán un escenario donde intentarán que se apruebe sin que la gente sepa nada al respecto y sin que los parlamentarios hayan profundizado en un estudio sobre los impactos que va a tener”.
Por su parte, Camila Montecinos, de GRAIN, organización que actúa en apoyo de campesinos y agriculturas, menciona a la Radio Uchile que el “TPP es un tratado que nos va a afectar profunda y muy negativamente; va a terminar con muchos derechos laborales, va a imponer la privatización de las semillas, nos va a impedir terminar con las AFPs y tener una educación pública. Es un tratado con consecuencias tan negativas y sin embargo no ha sido discutido plenamente, no se ha informado adecuadamente a la opinión pública, los parlamentarios en general tampoco han sido informados y, por lo tanto, se corre un riesgo muy grande de que la votación sea en base a la ignorancia”.
