Este jueves, el Senado de México ratificó por unanimidad el Acuerdo de Escazú. El tratado busca garantizar el acceso a la información ambiental, a la participación pública en toma de decisiones ambientales y acceso a la justicia en asuntos ambientales.
El acuerdo fue ratificado con 66 votos y será derivado al Ejecutivo Federal para efectos constitucionales. Con esto, México se convertiría en el undécimo país en ratificar el tratado ambiental, el número necesario para que Escazú entre en vigencia.
El penúltimo país en ratificarlo fue Argentina. El 25 de septiembre el parlamento trasandino aprobó el acuerdo. Sin embargo, el país vecino todavía no entrega el instrumento de ratificación a Naciones Unidas.
Hasta el momento, nueve son los Estados Parte del Acuerdo de Escazú. Antigua y Barbuda, Bolivia, Ecuador, Guyana, Nicaragua, Panamá, San Vicente y las Granadinas, Saint Kitts y Nevis y Uruguay.
Chile y el Acuerdo de Escazú
En Chile, el gobierno de Sebastián Piñera ha mostrado constantemente sus negativas a firmar el Acuerdo de Escazú.
El 22 de septiembre, a cuatro días de concluir el plazo para firmar el tratado (aunque todavía se puede hacer), el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio de Medio Ambiente presentaron un documento de 12 páginas donde fundamentaban su rechazo para adherirse al pacto. El Ejecutivo adujo a una “incertidumbre jurídica” en caso de que Chile conformase parte del Acuerdo de Escazú.
El documento fue ampliamente criticado, tanto por organizaciones sociales, como por abogados/as ambientalistas.
El gobierno de Piñera ya había dejado entrever su decisión hace más de un año. El tratado “tiene algunos problemas que deben ser resueltos antes que Chile lo firme (…) Por ejemplo, problemas de cesión de soberanía, o problemas que pudieran llevar a Chile a que sea demandado ante cortes internacionales sin justificación”, había señalado el mandatario.
Sin embargo, en su primer gobierno, Chile fue uno de los principales ideólogos del acuerdo. Un rol que ahora parecen desconocer.
