“A contar de la fecha de la presente resolución el volumen de agua a distribuir para el consumo diario por persona no podrá ser inferior a 100 litros”. Así anunciaba el miércoles 8 de abril de 2020 la resolución 456 la Seremi de Salud de Valparaíso. En ella se establecía que debido a los mayores requerimientos de agua por la pandemia de covid – 19, se aumentaría la dotación de camiones aljibes que distribuía 50 litros por persona. En sus artículos se advierte que debe preverse la habilitación de un número suficiente de estanques de almacenamiento de agua. También que el “Sistema de Provisión de Agua Potable Mediante el Uso de Camiones Aljibe” se haga cargo de la continuidad del servicio. Este sería el comienzo de un problema que se quiere solucionar a través de resoluciones de Gobierno y que deja en vulneración y riesgo de contagio a toda una comunidad.
Sólo ocho días después la Seremi de Salud ingresaría un nuevo decreto. Ese 16 de abril la resolución 458 decidiría que la cantidad de agua a repartir en Petorca estaría bajo los estándares internacionales con sólo una línea.
Artículo Primero: Déjese sin efecto la Resolución N° 456 de 8 de abril de 2020.
La firma del documento es del Secretario Regional Ministerial de Salud de la Región de Valparaíso, Francisco Alvarez.
Acciones desde la comunidad de Petorca tras resoluciones de Gobierno
El 24 de abril el Movimiento de Defensa por el acceso al Agua, la Tierra y la Protección del Medioambiente (MODATIMA) presentó un recurso de reposición ante la Seremi de Salud; ello para dejar sin efecto la “resolución 458 que dejaba sin efecto la resolución 456 que aumentaba la dotación de agua a través de camiones aljibe de 50 litros por persona a 100 litros por persona”.
Pero no sólo eso. La organización cuya vocería es el agricultor Rodrigo Mundaca presentó el 14 de mayo una medida cautelar ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que le presentara al Estado de Chile su preocupación por la ausencia de garantías para consagrar el Derecho Humano al agua. “Una medida cautelar que es bastante relevante porque la CIDH le debe representar a Chile la necesidad de que aumente la dotación de agua particularmente en las comunidades de la provincia de Petorca”, aseguró Mundaca en una declaración.
El mismo día la organización presentó un recurso de protección ante la corte de Valparaíso para que dejara sin efecto la medida que mantenía los 50 litros de agua por persona. Sin embargo la respuesta llegó cuatro días después y era negativa. “La corte de apelaciones nos responde y que el recurso que presentamos el día 14 de mayo es inadmisible, que esta es una prorrogativa que le corresponde al Ejecutivo y no por Tribunales. La verdad es que para nosotros es fundamental que hoy día se garantice el derecho humano al agua. Es fundamental que las instituciones, que los órganos del Estado cuplan con su rol, el de de garantizar el bien común y que cumplan con el rol de salvaguardar la vida de las personas en un escenario tan complejo como el que estamos viviendo a propósito de la pandemia covid 19”.
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Respuesta insuficiente del INDH
Tras más de un mes de un problema sin solución, recién un organismo público toma atención de la vulneración del Derecho Humano al agua. El viernes 22 de mayo el Instituto Nacional de Derechos Humanos ingresó también un recurso de protección en la Corte de Apelaciones de Valparaíso. El motivo es la “omisión ilegal” incurrida tras disponer la entrega de 50 litros de agua potable por persona. En el escrito aseguran que los habitantes de Petorca “se encuentran expuestos de manera permanente a contagiarse ya que no pueden ejecutar todas las medidas de prevención que han sido dispuestas por la autoridad sanitaria”.
Sin embargo la acción tomada por el organismo tras las resoluciones de Gobierno “llega tarde”. O así lo expresó Mundaca. “Creemos que llega tarde a propósito de que nuestra organización el día 24 de abril presentó un recurso de reposición ante la Seremi de Salud para que dejara sin efecto la resolución. A reglón seguido decir también que nosotros el día 14 de mayo del 2020 presentamos una medida cautelar ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que le presentara al Estado de Chile su preocupación por la ausencia de garantías para consagrar el derecho humano al agua”.
