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Radiografía a la Agroindustria en la Convención Constitucional


Existen constituyentes con derechos de agua no declarados y con claros intereses en la agroindustria, y otros con participación en sociedades o con visiones agroecológicas. Pese a algunas diferencias, todos ellos tienen algo en común: están involucrados de una u otra forma en el negocio de la agricultura. Esta investigación de la Agroindustria en la Convención Constitucional, muestra el catastro de 11 representantes de la Convención ligados a una de las actividades económicas más importantes del país, mientras distintos sectores de la ciudadanía buscan avanzar hacia la soberanía alimentaria.

Nuestra casa se quema y, como todo incendio, lo hace habitación por habitación. Uno pensaría que las llamas parten desde adentro hacia afuera, que el patio es lo último en consumirse. Sin embargo, el siniestro es más complejo y el jardín viene ardiendo desde hace décadas. Algo así ocurre con la agroindustria, responsable de un 34% de las emisiones de dióxido de carbono (CO2) a nivel mundial, y cuyo impacto no solamente se materializa en el fuego que ha consumido los campos para soya en la Amazonía, sino también en aspectos mucho más sutiles pero cruciales.

Nos referimos, por ejemplo, a la creciente degradación de los suelos por acciones como la deforestación, a la menor calidad nutricional de la comida que ingerimos y al oligopolio de grandes transnacionales en desmedro de la agricultura familiar. Pero si este es nuestro jardín actual, el proceso de la Convención Constituyente, que decantará en una nueva Constitución, podría ser la germinación de una semilla que represente una forma diferente de producir alimentos.

A diferencia de Chile, 18 países de América Latina y el Caribe han plasmado en su Constitución algún nivel de protección al derecho de la alimentación. De ellos, 15 han sido recogidos en el catastro del año 2020 de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura (FAO), y tres no han sido incluidos, pero sí poseen el término en su carta magna, como es el caso de Venezuela y República Dominicana que plantean la seguridad alimentaria, y El Salvador que consagra la calidad en la producción.

Según la FAO, otras 10 naciones trabajan en algún proyecto de ley sobre este derecho mientras que sólo en 8 se han aprobado normativas para la seguridad o soberanía alimentaria. En efecto, Chile es parte de este grupo.

El 7 de julio de 2020, en medio de las peores etapas de la pandemia en territorio chileno, se realizaron las dos únicas acciones que han existido sobre el proyecto de ley de reforma constitucional que consagra el derecho a la alimentación: fue ingresado por los senadores Carlos Bianchi (IND), Alejandro Navarro (IND), Ximena Órdenes (PPD) y la actual candidata a la presidencia Yasna Provoste (DC) y pasó a comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado. De ahí en adelante ha estado juntando polvo. La iniciativa consiste en un artículo único que establece, entre otras cosas, que ninguna persona podrá ser privada del acceso ni de la producción de alimentos, y el rol del Estado como promotor de la soberanía alimentaria.

Agricultura en la vieja Constitución

La Constitución de 1980 no menciona la alimentación, la agricultura ni el campo, a pesar del interés de la dictadura por retroceder la Reforma Agraria y aumentar los suelos de plantaciones a privados entre 1975 y 1983.

De hecho, en los variados ecosistemas que tiene esta larga y angosta faja de tierra, existe actividad agroindustrial. De ella, un 54% se realiza en las regiones de La Araucanía, Biobío y El Maule. En números de la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (Odepa), 31.6 millones de las 75.6 millones de hectáreas que pisan los habitantes de Chile están dedicadas a la producción agrícola, ganadera y forestal. Datos de la misma institución explican que en 2020 se exportó desde nuestros puertos más de 3 millones de toneladas de fruta. Mientras tanto, en 2021 la superficie total plantada con frutales es de 344 mil hectáreas, con un crecimiento de 285% desde 1980, siendo además en 2018 el noveno productor de uvas a nivel mundial.

Las ganancias generales de la exportación en este sector se resumen en más de 17 millones de dólares de acuerdo a la Odepa.  Respecto a la ganadería y forestal, este último ocupa el 53% de las exportaciones silvoagropecuarias industriales, según el informe de 2018. De esa cifra, el 20% corresponde a celulosa y en total genera un 19% del Producto Interno Bruto (PIB).

Uno pensaría que, con estos antecedentes, Chile es un país sin hambre. Pese a que en este territorio se produce casi el triple de frutas y verduras necesarias para el abastecimiento del total de habitantes, solo un 27% de la población puede acceder a una Canasta de Alimentos de Calidad (CAC), que a diferencia de la Canasta Básica de Alimentos (CBA) es un indicador que sigue la guía del Ministerio de Salud y suprime los carbohidratos. Ante este panorama, ¿cuál es la probabilidad de que la agroindustria cambie en una nueva Constitución?

Constituyentes de la agroindustria

Una de las cartas más fuertes de la agroindustria para escribir la nueva Constitución era Antonio Walker, ex ministro de Agricultura, ex presidente de la Federación Gremial Nacional de Productores de Fruta (Fedefruta) y de Fruséptima, asociación gremial de la región de El Maule. Sin embargo, la meta le quedó lejos al también ex director nacional de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA) y obtuvo solo 8.751, quedando fuera al ser superado por su compañera de lista Bárbara Rebolledo. Un conflicto que presumiblemente provocó esta derrota fueron tanto esos vínculos como su propiedad y gerencia general en la frutícola Wapri, además de la posesión de derechos de agua, cuya cantidad no está claramente establecida.

Pero si Walker no llegó a uno de los 155 podios, otros sí. Se trata de 11 constituyentes que tienen distintos grados de participación en el sector forestal, de la agricultura, o ganadería, ya sea siendo participantes de sociedades vinculadas a la agroindustria o al poseer derechos de agua. Para tener una aproximación, en TomateRojo revisamos las declaraciones que presentó este grupo al momento de asumir el cargo como constituyentes, a través de las plataformas Infoprobidad y la declaración jurada que todos y todas entregaron a la Contraloría General de la República. Dichos datos fueron cruzados con el registro actualizado de la Dirección General de Aguas (DGA) y el registro del Servicio de Impuestos Internos (SII).

Uno de ellos es Harry Jürgensen, ex intendente de Los Lagos, ex diputado por el distrito 56, ex consejero general de la SNA y ex vicepresidente de la Sociedad Agrícola y Ganadera de Osorno. Tres entidades relacionadas a la agroindustria chilena aparecen en la declaración de Infoprobidad del constituyente de Renovación Nacional (RN) por el distrito 25. Se trata de Agrícola Chifín Ltda., dedicada a la cría de ganado para reproducción y producción de carne en Osorno, cuyo 91.27% es de propiedad del constituyente, según su declaración a Contraloría. Jürgensen no reporta derechos de agua, aunque esta empresa cuenta con tres derechos de aguas aprobados en la DGA. Uno es de 11 litros por segundo de uso permanente y continuo, otro de 20 litros por segundo eventual y continuo, y el último de cuatro litros por segundo consuntivo subterráneo.

Agroindustria en la Nueva Constitución
La Agroindustria en la Convención Constitucional se materializa 11 constituyentes con participación en sociedades. Una de ellas es esta participación y derechos de agua no declarados del constituyente Harry Jürguensen.

Además, Jürgensen posee 57.431 acciones en la Feria de Osorno S.A, adquirida en 1998 y de la Feria de Graneros S.A donde hay 878.400 acciones en su bolsillo. En ninguna de las dos figura como controlador.

La suma nos lleva a 35 litros por segundo, lo que en un minuto equivale a 2 mil 100 litros y solo en un día a 3.024.000. Según cifras del Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) el consumo de una persona en invierno es de 34 mil 500 litros al mes. Es decir, el convencional posee en un día lo que 87 personas en un mes.

El constituyente por la región del Ñuble, Carlos Martín Arrau, de la Unión Demócrata Independiente (UDI), también es parte de esta selección. Posee el 50.09% de la empresa Picton Explotación Agrícola Ltda. desde febrero de 2007, dedicada a la producción de semillas de cereales y legumbres, además del cultivo de frutos de pepita y de hueso. Así como el 50% de Lennox Exportación Agrícola Ltda. desde febrero de 2010. El constituyente Arrau no declaró más derechos de agua que dos obtenidos a través de herencia en el río Ñuble.

No obstante, Arrau posee cuatro derechos de agua aprobados a su nombre en Ñiquén y Coihueco a través de la empresa Picton. El primero, con resolución aprobada en julio de 2017, corresponde a un caudal de 90 litros por segundo permanente y continuo, en el río Itata. El segundo consiste en un caudal permanente y continuo de 30 litros por segundo en Ñiquén, en el río Maule. El tercero en Coihueco, que data de octubre de 2018, es de 25 litros por segundo permanente y continuo con un radio de protección de 200 metros en el mismo lugar. El cuarto también fue comprado en la cuenca del Itata, Coihueco, por 25 litros por segundo.

Se trata de 170 litros por segundo de derechos de agua no declarados en total, que al día pasan a ser 10 mil 200 litros por minuto y 14.688.000 al día. La cantidad de agua al día que 425 personas utilizan en un mes.

Agroindustria en la Nueva Constitución
Los derechos de agua del constituyente Arrau son parte de los intereses en la Agroindustria en la Convención Constitucional.

Pero el agua de Picton no sería el primer conflicto de interés de Arrau. Ya en 2018 fue denunciado en reiteradas ocasiones por la organización Ñuble Libre, cuando fue delegado presidencial por la misma región, acusándosele de ser beneficiario directo en caso de construirse el proyecto Embalse Punilla, a través de su participación en la Junta de Vigilancia del río Ñuble (lugar en el que también participó la constituyente Margarita Letelier).

Asimismo, Arrau fue gerente de administración y finanzas de Curiagro S.A y de Curimapu Seed Growers. En los primeros dos años del gobierno de Sebastián Piñera, fue coordinador de asesores del Ministerio de Agricultura, y en 2017 consejero de la SNA, mismo año en que fue designado a Ñuble como delegado encargado de la instalación de la recién nacida región. Posterior a ello, fue nombrado primer intendente, cargo al que renunció tres años y dos meses después para emprender el camino a la Convención Constitucional.

Le consultamos al constituyente para dar su testimonio en este reportaje. “Todo lo que está en mi Declaración de Patrimonio e Intereses está ajustado a la normativa vigente. Personalmente, los dos derechos de aprovechamiento de aguas que adquirí por herencia están declarados, al igual que las sociedades en las que participo”, manifestó Arrau. En relación a las discusiones que se den sobre el agua, asegura que no se abstendría. “Fui dirigente de la Junta de Vigilancia del Río Ñuble, conozco del tema, y eso es lo que se necesita. Debemos dejar de lado consignas e ideologías políticas, y buscar de qué forma podemos ser eficientes con el uso del agua, sin agua no hay agricultura, alimentos ni desarrollo rural. Tengo muy buenas ideas en este sentido. Sería como que a los médicos no se les permita opinar de salud o a los profesores de educación”.

Dentro del top 3 de constituyentes de la agroindustria podemos situar a Luis Mayol (RN). El electo por el distrito 23 posee el 50% de Viña Selentia Ltda. En su declaración de patrimonio a Contraloría presenta 10 derechos de agua. Ninguno de ellos corresponde a los que posee la compañía vitivinícola desde enero de 2020, ambos en la cuenca del río Toltén. Uno de ellos corresponde a un ejercicio permanente y discontinuo por 150 litros por segundo. Sin embargo, a diferencia de los dos anteriores, estos derechos no están a su nombre sino de un tercero.

Su relación con la agroindustria es estrecha. Fue una de las cabezas de Copeval, empresa ganadera que fundó su familia y presidente de la SNA. Tras ser ministro de Agricultura del primer gobierno de Piñera, Mayol pasó a ser designado al cargo de Intendente en La Araucanía antes de que renunciara por sus dichos contra Camilo Catrillanca. En abril de 2019 asumió como director de Aguas Andinas, de donde salió para ser candidato a constituyente.

Sin derechos de agua, pero con participación en sociedades

A diferencia de los intereses superiores de los constituyentes ya mencionados, con derechos de agua que no han sido declarados, lo que queda de la lista posee únicamente participación en algún tipo de sociedad de la agroindustria, que recordemos corresponde a la agricultura, la ganadería y el ámbito forestal.

El constituyente de la Democracia Cristiana (DC) y el distrito 22, Fuad Chahín, tampoco se queda abajo de quienes representan la agroindustria en la Constitución. El presidente de la DC posee el 100% de la sociedad Turismo, Agrícola y Transportes Chahín Hermanos Spa desde agosto de 2019. Según la información declarada al SII, la empresa se dedica al cultivo de papas, de forraje, cría de ganado bovino y ovino, transporte de carga y operación turística.

Chahín recibe la crítica de movimientos sociales como Modatima, sobre su no declaración de derechos de aprovechamiento de aguas. Pero a diferencia de Jürgensen, la empresa que tiene a su nombre no posee ningún derecho. Quien sí lo hace es su padre, Fuad Chahín Said, según detalló el medio Mapu Express.

Claudio Gómez Castro es abogado, de San Felipe y constituyente por el distrito 6. Postuló en un cupo por el Partido Socialista del conglomerado la Lista del Apruebo, fue funcionario de la municipalidad de San Felipe, secretario general de la corporación Aconcagua Región y director de la carrera de Derecho de la Universidad de Aconcagua. Además de ello posee el 33.3% de la sociedad agrícola y comercial El Zaino Ltda desde abril del 2015. El negocio opera en San Felipe, Quinta Región y gira en torno a la destilación y elaboración de bebidas alcoholicas y no alcohólicas, además de la producción de aguas minerales y embotelladas. No posee derechos inscritos en la DGA.

La veterinaria y constituyente UDI del distrito 19, Margarita Letelier, es habitante de Chillán, en la Región del Ñuble. Antes de ser candidata se desempeñaba como presidenta de la Junta de Vigilancia del Río Ñuble. Al igual que los casos anteriores, es parte de los constituyentes involucrados con la agroindustria. Entre su patrimonio declarado a Contraloría figura con la propiedad de un cuarto de la sociedad comercializadora Los Llanos Ltda. desde marzo del 2020. El giro de la empresa es la venta al por mayor de huevos, lácteos, abarrotes y transporte de carga carretera. El negocio no posee derechos de agua inscritos en la DGA.

Amaya Álvez es abogada, doctora en derecho de la Universidad de York, fue académica de la Universidad de Concepción y también investigadora asociada del Centro de Recursos Hídricos para la Agricultura y la Minería (CRHIAM). Además, es parte del directorio de la fundación Rumbo Colectivo, participante del grupo de investigación en Derechos Humanos y Democracia (GIDHD) y electa constituyente por el distrito 20. Al largo currículum de la convencional de la lista Apruebo Dignidad se le suma un pequeño porcentaje de 5% en Inversiones Ontawa, dedicada a la asesoría en el área forestal, parte de la agroindustria. La sociedad, sin embargo, es controlada por su marido Mauricio Bravo Hornung.

Desde Vitacura, el siguiente constituyente es Bernardo Fontaine, de Vamos por Chile, ingeniero comercial de la Pontificia Universidad Católica de Chile (PUC), director de las empresas Bicecorp, Banco Bice, ex director de Coca-Cola Embonor, Loginsa y actual presidente de la Fundación Ciudadanos en Acción, que tuvo un fuerte rol en la discusión de la Reforma Tributaria. La diversificación de los negocios de Fontaine lo han llevado a poseer el 65.7% de las acciones de la sociedad Santa Lucía Ltda. desde 2012. La compañía se dedica a la vinicultura en Rancagua y figura con un término de giro. No tiene derechos de agua.

El siguiente en la lista es Patricio Fernández Chadwick, en cupo independiente por el Partido Liberal (PL), fundador del medio The Clinic y que, si bien no declaró empresas agrícolas, según indica el medio de investigación CIPER formaría parte de Chacra Marín, propiedad de la familia. La firma estaría asociada con una que sí reportó, llamada Asesorías e Inversiones Fecha Ltda.

La constituyente del distrito 25 y abogada de la PUC, María Cecilia Ubilla, independiente en cupo UDI, posee el 33.3% de la agrícola Fundo El Rincón Ltda., dedicada, según datos del SII, a la cría de ganado bovino para reproducción y producción de carne. Fue adquirida en 2008 y no posee derechos de agua.

Cerca del 70% de la agricultura familiar campesina se concentra en las regiones de O’Higgins y Los Lagos, según el informe ya citado de la Odepa. De la primera proviene Alvin Saldaña, abogado ambientalista de la Universidad Diego Portales y constituyente por el distrito 15. El convencional forma parte de la ONG Tejiendo Ecologías y del colectivo Red por la Soberanía Alimentaria de la Sexta Región, por lo que su visión apunta a la agroecología. A su nombre registra el 15% de la sociedad agrícola Santa Rosa Limitada, que según lo ingresado en el SII dedica sus campos al cultivo de trigo, el cultivo de forrajeros y de oleaginosos. Se trata de la parcela familiar donde fue criado, junto a sus cinco hermanos. En conversación con Tomate Rojo, Saldaña afirma que fue ingresado “por voluntad de nuestros padres”, quienes administran la sociedad.

“Un pueblo que se queda sin su alimentación, sin su semilla, es un pueblo condenado a ser esclavo, a ser alimentado por otros. Si perdemos el control sobre nuestra semilla, perdemos soberanía alimentaria y estamos sometidos a las grandes empresas transnacionales. Claramente, este es un asunto de soberanía y esperamos enfrentarlo de esa manera en la nueva Constitución”, declara para este reportaje sobre la agroindustria en la Convención Constitucional.

 

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En este sentido comprobamos que, de los 11 constituyentes relacionados a la agroindustria en la Convención Constitucional, seis son parte del conglomerado Chile Vamos, que reúne a los partidos UDI, RN y Evópoli. Los dos convencionales que poseen derechos de agua a su nombre no declarados: Harry Jürgensen y Carlos Martín Arrau, pertenecen a este sector, al igual que Luis Mayol, que tiene derechos indirectos. Tres llegaron al podio a través de un cupo en la Lista del Apruebo, una desde Apruebo Dignidad y uno de Movimientos Sociales Autónomos. Aún no se llega a las discusiones de contenido, pero en el momento en que la agroindustria sea tocada dentro del debate, se disputarán posturas muy diferentes, cargadas de intereses o de aires de cambio en pos de avanzar hacia la agroecología y la soberanía alimentaria.

Los otros constituyentes con derechos de agua no declarados y alto porcentaje en sociedades fueron contactados a través de ellos o sus equipos para conocer sus posturas. Sin embargo, no se lograron concretar sus respuestas al cierre de esta edición.

Otros nexos

Además de lo anterior, existen otro tipo de lazos con la agroindustria, como sucede con Rodrigo Álvarez, constituyente UDI por el distrito 28 y uno de los vicepresidentes de la Convención, quien fuera hasta principios de 2021 presidente de la asociación gremial Alimentos y Bebidas Chile A.G., que incorpora a más de 20 empresas ligadas al área, como Carozzi, Agrosuper, entre otras. El abogado, ex diputado y también ex ministro de Energía ha señalado públicamente su interés en temas como el mundo rural, pero al no ocupar actualmente el escaño gremial mencionado previamente y no poseer participación en sociedades del agro, no fue considerado para este reportaje.

Otro caso es el de Manuel José Ossandón Lira, constituyente por el distrito 12 (independiente electo en cupo de RN), quien tiene nexos familiares relacionados con la agroindustria, al ser hijo de Manuel José Ossandón Irarrázabal, actual senador, ex alcalde de Puente Alto, accionista de Agrícola Santa Ximena S.A y poseedor de derechos de agua en el río Maipo desde 1998.

Sin embargo, Ossandón Lira no posee derechos de agua y, junto con Álvarez, no formarían parte activa de alguna sociedad que esté inserta en la industria agrícola.

Inseguridad alimentaria

Mientras se espera que en la nueva Constitución se consagre el derecho a la alimentación, existen antecedentes preocupantes en esta materia. Por ejemplo, que una dieta saludable es cinco veces más cara que aquella que sólo satisface calorías. Asimismo, es el quintil de mayores ingresos quien mayormente puede acceder económicamente a los alimentos, presentando sólo un 3.4% de inseguridad alimentaria, mientras que el primer quintil presenta un 20.4%, según la FAO. Y no sólo eso.

El 50% de los hogares avanzaron hacia dietas menos saludables en 2020 de acuerdo a cifras reveladas por un estudio del Banco Interamericano para el Desarrollo y la Universidad de Cornell, y el 80% de las muertes de quienes habitan Chile son provocadas por enfermedades crónicas no transmitibles relacionadas a la alimentación.

Chile tiene un 15.6% de inseguridad alimentaria según indica el informe “El estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo” de la Organización de las Naciones Unidas. Saliéndose del porcentaje, que a veces no nos deja tan clara la dimensión de la tragedia, imaginemos que este fenómeno lo sufren las regiones de Arica y Parinacota (226.068 personas), Tarapacá (330.558), Antofagasta (607.534), Atacama (286.168), Coquimbo (757.586), Los Ríos (384.837), Aysén (103.158), y Magallanes (166.533), junto a la comuna de Cerro Navia (132.622). En total, 2.9 millones de habitantes no tendrían acceso regular a alimentos para lograr una dieta nutritiva.

A pesar de estas cifras, para la misma Odepa se justifica el fomento de la exportación de alimentos en su informe de 2019 “ante la constatación de que el mercado nacional es muy reducido y que el potencial productivo del sector silvoagropecuario es muy alto y diversificado”.

Pero lo que queda fuera es que el modelo agrícola intensivo en Chile, con su vocación exportadora, no solo se asocia al deterioro de los ecosistemas y suelos que nos dan de comer, sino también a una menor calidad nutricional de lo que ingerimos. Pese a ello, no todo está perdido. Tanto para los otros cambios sociales como para la transformación del sistema alimentario se han depositado las esperanzas en la Convención Constitucional.

Este trabajo fue producido en el marco del proyecto Cambio Climático y Nueva Constitución de FES Chile, Climate Tracker y ONG FIMA.

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Fresia Ramírez

Periodista UChile, directora y co fundadora de TomateRojo.cl. Escribo sin temor.

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