La Corte Suprema revocó la sentencia de Corte de Apelaciones y ordenó acoger a tramitación el recurso de protección presentado por ambientalistas espiados por Alto Maipo. La empresa extractivista contrató a privados para que hicieran seguimiento y monitoreo de actividades de diferentes activistas.
Según destapó el medio Interferencia, la empresa invirtió $3 millones mensuales en servicios de “ciberinteligencia” en los meses de febrero agosto de 2020. Entre las personas afectadas por esta acción se encuentran dos miembros de la Red Metropolitana No Alto Maipo, María Jesús Martínez y Anthony Prior; la ex concejala de San José de Maipo, Maite Birke, y la representante del Movimiento por el Agua y los Territorios (MAT), Francisca Fernández, entre otras personas a las que se les ha vulnerado sus Derechos Humanos.
Según la publicación, estos servicios clandestinos e ilegales incluían la presentación de informes semanales de posibles amenazas comunicacionales y operativas. Ello “además de recibir reportes sobre lo que pasa en línea; Alto Maipo obtuvo por este servicio direcciones particulares, números telefónicos, el RUT y distinta información de contexto –como ocupación, pareja y antecedentes políticos– de ambientalistas y opositores al proyecto.”
En uno de esos informes se afirma que existen grupos ambientalistas que operan bajo el marco legal; otros, fuera del marco legal y una tercera categoría que lo hace en ambas dimensiones. Advierte que estos dos últimos grupos deben ser parte del monitoreo y seguimiento constante porque “podrían realizar actos de ecoterrorismo”.
Indignación
A raíz de estas acciones de espionaje las personas afectadas presentaron un recurso de protección que la Corte de Apelaciones rechazó; fallo que luego fue revocado por la Corte Suprema sobre la base que los hechos descritos podrían estar vulnerando las garantías constitucionales establecidas en el artículo 20 de la carta fundamental. Los afectados en su escrito alegaron atropello al derecho de respeto a la vida privada y protección de los datos personales y a su integridad psíquica.
Ésta es la primera vez que se cuenta con evidencia sobre el trabajo de una empresa de Aes Gener Corporation en Chile de operaciones pagadas, clandestinas e ilegales en contra de opositores a uno de sus más destructivos proyectos, la hidroeléctrica Alto Maipo. Esta, en sus 10 años de construcción, ha desecado la precordillera metropolitana y que, hoy además, se encuentra en quiebra.
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