La Red Metropolitana No Alto Maipo, Maite Birke, ex Concejala Independiente de San José de Maipo, el Movimiento por las Aguas y los Territorios y la Coordinación de Territorios por la Defensa de los Glaciares han emanado una declaración pública refiriéndose a los hechos denunciados por el medio Interferencia. Estos consisten en un espionaje realizado por la empresa Aes Andes (ex Aes Gener) contra las organizaciones contra Alto Maipo.
La empresa invirtió $3 millones mensuales en servicios de “ciberinteligencia” en los meses de febrero agosto de 2020 para hacerle seguimiento a activistas. Entre las personas afectadas por esta acción se encuentran dos miembros de la Red Metropolitana No Alto Maipo, María Jesús Martínez y Anthony Prior; la ex concejala de San José de Maipo, Maite Birke, y la representante del Movimiento por el Agua y los Territorios (MAT), Francisca Fernández, entre otras personas a las que se les ha vulnerado sus Derechos Humanos.
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“Manifestamos nuestro repudio, llamado de alerta y preocupación extrema ante lo acontecido, sobre todo por la permisividad que tiene una empresa para investigar a civiles e “infiltrarse” en las organizaciones. Expresamos absoluto rechazo ante la obscena persecución perpetrada por una filial de la transnacional estadounidense hacia diferentes organizaciones ciudadanas y civiles”, señalaron las organizaciones a través de un comunicado emanado este 9 de noviembre.
Organizaciones contra Alto Maipo tienen antecedentes
Al mismo tiempo denuncian que, según los antecedentes con los que cuentan, “esta sería la primera vez que contamos con evidencia sobre el vínculo de una empresa privada con un servicio para espiar a organizaciones ambientales que están por la defensa de las aguas y los territorios”.
“Estas acciones de ciberespionaje son parte de las estrategias de la empresa para amedrentar a la ciudadanía organizada y no debe quedar impune. Impunidad que también se refleja en que la empresa lleva años dañando el territorio, y los últimos fallos de las reclamaciones en el Tribunal Ambiental dan cuenta de ello. Por esta razón, llamamos al gobierno a deshacer el acuerdo entre AES Andes y el Estado firmado para aumentar la capacidad de almacenamiento de energía en base a baterías anunciado en medio de la COP26. Es inaceptable que el Estado haga acuerdos con empresas que tienen estas prácticas contra ciudadanos que velan por la defensa de las aguas y los territorios”, afirman.
Las cuatro organizaciones hacen “un llamado a las diferentes organizaciones sociales a repudiar la violencia que realizó AES Andes, según la información obtenida por Interferencia a través de 11 informes investigados por el periodista Diego Ortiz.
La empresa sigue en silencio.
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