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Bárbara Astudillo, activista ambiental de Petorca, acusa amenazas: “Me buscaron tres días seguidos”

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El martes, la activista ecofeminista de Petorca, Bárbara Astudillo, acusó en redes sociales hechos de intervención telefónica y amenazas en su contra.

Astudillo comentó a El Mostrador que la intervención telefónica fue realizada ayer, mientras hablaba con una dirigente nacional de temas hídricos. “Estaba la llamada y de repente quedó el silencio y yo pensé que era algo de la cobertura, pero después pasa que a ella le habla un hombre desde el teléfono”.

“Ella claramente cortó porque se asustó. Me vuelve a llamar y me dice que ella estaba hablando con un hombre, y le dije ‘cómo vas a hablar con un hombre si estoy sola en el lugar’”, indicó la activista.

La defensora ambiental aseguró que miembros de la Fundación Territorios Colectivos -en la que participa-, también han sido víctimas de intervenciones.

“Me buscaron tres días seguidos”

Bárbara comenzó hace cuatro años con su activismo ambiental en Petorca, provincia azotada por la sequía y escasez hídrica, causada principalmente por la industria de la palta.

En contexto de pandemia, Astudillo ha acudido a organismos nacionales e internacionales para denunciar la profundización de la crisis sanitaria por el difícil acceso al recurso hídrico. Por ejemplo, envió una carta a Unicef Chile para dar a conocer la vulneración a los derechos de los niños y niñas en Petorca, por falta de acceso al agua potable y saneamiento.

A su vez, la activista ecofeminista ha recurrido a recursos de protección, en conjunto con el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), para garantizar el acceso de agua potable en el sector.

El activismo de Astudillo ha granjeado claros detractores. “Hace unas cuatro semanas tuve una entrevista en la revista Paula, y una persona escribió al medio para bajar la entrevista. La persona amenazó con emprender acciones legales por injurias, que era falso el tema del agua (escasez hídrica)”, relató la ecofeminista, una de las varias amenazas que ha sufrido.  

Hay hechos problemáticos que vienen de más atrás. A mediados de octubre del año pasado, en el albor del estallido social, Bárbara vivió una persecución. “Me buscaron tres días seguidos, entre una y dos de la mañana en un domicilio antiguo de Santiago [mientras ella se encontraba en Petorca]. Era gente de civil”, precisó.

También han intentado ingresar a sus redes sociales. Por lo mismo, va cambiando sus contraseñas continuamente.

“Esto reafirma que yo voy a seguir peleando por el tema del agua. Si vivimos en algún espacio de democracia hay que seguir levantando esto, porque yo estoy peleando por el acceso básico y el acceso que debería tener todo Chile”, aseguró.

Petorca

50 litros

La Organización Mundial de la Salud (OMS) señala que una persona debe acceder, como mínimo, a 100 litros diarios de agua, tanto para consumo como higiene. Pero en la provincia están lejos de ese piso: los municipios de Petorca, La Ligua y Cabildo solo entregan, a través de camiones aljibe, una dotación de 50 litros diarios por persona, indicó Astudillo. 

El 8 de abril, el seremi de Salud de la región de Valparaíso, Francisco Álvarez Román, firmó una resolución para asegurar una dotación no inferior a 100 litros diarios. Sin embargo, el 16 de abril la resolución fue dejada sin efecto por el mismo Álvarez, en un dictamen firmado por él. Bárbara acusó que nunca dieron una respuesta por tal decisión.  

“Hay demasiado aumento de casos covid positivo y no se han tomado medidas especiales con las comunidades. Acá hay gente que ni le sale el agua de la llave, la sacan de tarros”, explicó la activista.  

“Tenemos la cancha más desigual para enfrentar la pandemia y ningún ministro, ni siquiera el mismo Sebastián Piñera, ponen los ojos en la provincia, ni siquiera para declarar una cuarentena o controles sanitarios”, agregó.

Acuerdo de Escazú

Bárbara ha hecho un llamado constante a las autoridades para que firmen el Acuerdo de Escazú. El tratado, elaborado por países de América Latina y el Caribe -e inédito en el mundo-, busca garantizar los derechos de acceso a la información ambiental, la participación pública en el proceso de toma de decisiones ambientales y el acceso de justicia en materia ambiental en la región.

Para que el acuerdo entre en vigencia se necesitan 11 ratificaciones de países latinoamericanos o caribeños. Hasta el momento van nueve; el gobierno del presidente Piñera ni siquiera se ha molestado en firmarlo.

“Es un tratado en el que Chile fue patrocinador, pero no se le ha otorgado la firma porque según la ministra Schmidt [de Medio Ambiente], Chile cumple con los estándares de medio ambiente, de transparencia, cosa que no ocurre”, mencionó Astudillo

“Nos queda menos de cien días para que se cumpla la meta de la firma”, advirtió

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