En entrevista con Tomate Rojo el PHD en economía política y asesor económico del Frente Amplio, Hassan Akram, compartió algunas de sus propuestas para una nueva Constitución; desmintió información falsa con respecto al artículo 135 de la ley 21.200; y entregó algunas “papitas” para entender las transformaciones económicas que se podrían generar después de la elaboración de una nueva carta magna.
Tras la aplastante victoria de la opción “apruebo” en el Plebiscito 2020, que contó con el 78,27% de los votos, se inició un proceso constituyente que permitirá cambiar la actual Constitución; tildada de pinochetista, antidemocrática y por Hassan Akram: antiparticipativa. Es más, “politólogos y cientistas políticos llaman a la chilena una ‘democracia de baja intensidad’ o de ‘baja calidad’ por el diseño intencional de los redactores de la Constitución de 1980”, dijo el analista internacional.
Para el académico, el proceso constituyente que transitamos es “maravilloso”. No obstante, será una lucha larga, ya que realizar las transformaciones en materia económica necesarias para conseguir dignidad es un proceso largo.
En este sentido, el profesor es claro en mencionar que la Constitución es un medio para conseguir un fin súper concreto. Este sería el de las mejoras en la vida material. Por tanto, “una Constitución democrática permitiría cambiar leyes que permitirán cambiar la economía y tener finalmente buenos salarios, buenas pensiones y no tener tantas deudas”, explicó el académico. Assan asegura que este proceso no culmina de aquí a dos años con la nueva carta magna. Asu juicio “esto va a ser una lucha de 10 o 15 años”.
Maridaje entre dinero y política
El rebuscado entramado de nuestra democracia protegida, en el que estamos cambiando la Constitución antes de cambiar las leyes, está dado por la misma estructura que garantiza la actual ley fundamental. Instituciones como el Tribunal Constitucional, pero sobre todo por la influencia de la élite y el dinero en la política, específicamente en la dimensión representativa de nuestra democracia, según el economista.
A juicio de Akram “para mejorar la calidad de la representación hay que cambiar la relación entre dinero y política; porque en este momento tenemos representantes que la mitad son de SQM o de Penta, ¡cuando ellos deben ser representantes de sus electorados!”, alertó.
Es por esto que el académico es un partidario de hacer una constitución mínima en cuanto a no llenarla de derechos sociales. A juicio de él porque fácilmente pueden caer en letra muerta; como lo es por ejemplo el derecho a vivir en un ambiente libre de contaminación (Art.19 N°8). Pero al mismo tiempo máxima en cuanto a la democratización del Estado; propone generar un apartado específico para proteger al debate político de la influencia del dinero.
“Puesto que esto es un país inusual en términos de su altísimo nivel de desigualdad, debiese tener algo inusual en su Constitución para resguardar a la política de la influencia indebida de las grandes fortunas. Esto se debe establecer como un momento refundacional de la política en Chile”, argumentó el economista.
Acabar con la corrupción para profundizar la democracia
Indignación causaron el mes pasado cuestiones como la rebaja de la condena de Julio Ponce Lerou o la rebaja de impuestos de Penta. Decisiones tomadas por instituciones como el Servicio de Impuestos Internos (SII) y la Corte Suprema. Este tipo de “perdonazos” no son nuevos en la historia de nuestro país y la legislación actual; al tener limitada las penas y los delitos de cuello y corbata a perseguir. A juicio de Hassan Akram, es una situación no solo política.
“Tenemos una legislación sesgada en términos de clase que no castiga lo suficientemente fuerte los delitos económicos de la élite y hay que enfatizar eso; porque el Poder Judicial puede funcionar como un grupo privilegiado defendiendo sus intereses, donde también la institución tienen un sesgo de clases por las personas que lo componen”, mencionó Hassan Akram introduciendo luego el concepto Lawfare. Esta está planteado como el “uso del derecho como un arma en la lucha de clases”, como lo sucedido en Brasil, Ecuador o Bolivia recientemente.
En este contexto, el economista insistió en que es necesario profundizar la democracia en nuestro país. Para ello el elemento principal, a su juicio, es evitar que las grandes fortunas se inmiscuyan en el quehacer del Estado. Ello ya que “tienen una influencia tan nefasta en la política que merecen un apartado especial en la Constitución para separar dinero y política, estableciendo explícitamente una parte de anticorrupción donde se diga que las personas jurídicas o que las grandes fortunas no pueden donar a campañas, tratando de regular lo más posible el lobby”, mencionó.
Mecanismos para la Nueva Constitución
En términos institucionales propuso mecanismos como la iniciativa popular de leyes. A través de ella, la gente firme una petición y el proyecto de ley que proponen se debata en el Congreso; la realización de plebiscitos locales y formas de participación temprana, directa y vinculante, como parte de los elementos para profundizar la democracia directa
Ahora bien, las demandas materiales concretas que según Hassan Akram aquejan a la gente, y que por otro lado son síntomas de un sistema socioeconómico deficiente y desigual, son mejores pensiones, mejores salarios y menos deudas para poder vivir. Ninguna de carácter constitucional. La primera tendría su respuesta modificando el decreto ley 3.500; la segunda cambiando el Código del Trabajo y la tercera, se resolvería como consecuencia de las dos primeras, en teoría.
Sin embargo, los hechos demuestran que es necesario cambiar la Constitución. Si quisiéramos un sistema de pensiones que incorporara el reparto y la capitalización colectiva eso significaría cambiar el decreto ley 3.500, que necesita un quórum calificado. Es decir la mayoría absoluta de parlamentarias y parlamentarios en ejercicio, pero pronto “el Tribunal Constitucional (TC) lo va a declarar inconstitucional. Otro problema es que las AFP van a sobornar, sutilmente bajo la mesa, a los políticos que entonces no van a aceptar un cambio en el sistema de pensiones. ¿Cómo lo solucionamos?, primero, eliminando el TC y segundo, sacando el dinero de la política y vamos a poder tener un nuevo sistema de pensiones.
Con respecto a la negociación ramal como la que tiene Uruguay, Francia o Alemania y que opera como un mecanismo real para la distribución de poder y riqueza; el derrotero es similar al ya expuesto. Por un lado, el lobby y la influencia del 1% en el Estado evitaría este tipo de reformas, pero por otro lado el TC entorpecería y negaría su tramitación.
“Una vez más lo fundamental de la nueva Constitución si es que queremos un sistema de pensiones como Canadá o sistema de negociación colectiva como Francia o Alemania es efectivamente tener una Constitución democrática que permita hacer estas dos cosas”, concluyó el cientista político.
Hassan Akram sobre los TLC y la nueva Constitución
Chile es el país del mundo que más Tratados de Libre Comercio (TLC) tiene suscrito. A la fecha participa de 29 de este tipo de acuerdos y tras la promulgación de la ley que reformó el capitulo XV de la Constitución y originó este proceso ( Ley 21.200). Estos acuerdos comerciales volvieron al centro de las críticas. Ello al ser elevados a nivel constitucional sin especificar cómo ni cuáles y de esta manera equipararlos, por ejemplo, a la Convención sobre los Derechos del Niño de 1989.
Esta situación despertó críticas en la opinión pública, la que posteriormente dio inicio a la interpretación de que el proceso constituyente no podrá realizar cambios sustanciale; por ejemplo, en materia de pensiones. Esto porque los capitales dueños de la AFPs, que son estadounidenses, italianos y colombianos, se podrían apoyar en los TLC y sus cláusulas compensatorias en caso de que una reforma o cambio de sistema previsional afecte sus utilidades.
Es por esto que organizaciones sociales tildaron esta situación como una trampa que reducía la soberanía de la convención constituyente. Para el académico esto es mezclar dos cosas distintas. Ello ya que “todas las asambleas constituyentes en el mundo como en Venezuela, Ecuador o Bolivia y todas las demás tenían límites reales y la ley 21.200 no está diciendo nada nuevo. Es más, está constatando una realidad: Chile tiene acuerdos firmados con otros países. Uno puede desconocer, en teoría, esos acuerdos, pero entonces uno va a tener un problema con otro Estado”, aclaró el académico con un dejo de molestia por la vaguedad del planteamiento.
Sin embargo, Hassan Akram, quien ha sido una de las principales voces que ha denunciado el TPP11 y ha expuesto las razones técnicas y políticas para oponerse a este, aseguró que en Chile tenemos un problema con los TLC; pero que corre por una vía paralela a la ley 21.200. Es un problema arrastrado desde la firma de los TLC a partir de 1994 que han permitido que trasnacionales demanden al Estado.
¿Salirse de los TLC?
Al respecto, el analista político mencionó el caso boliviano en el que se “denunciaron”- palabra técnica utilizada para referirse a la voluntad del país manifestada mediante una carta formal para retirarse de un acuerdo- los tratados tras declararlos como inconstitucionales y mediante una disposición transitoria mandataron al ejecutivo a salirse o renegociarlos.
Ahora bien, el especialista en este tipo de tratados es cauto ya que la forma en que está estructurada nuestra economía no permitiría salirse de los TLC de golpe. Esto debido a la dependencia a ellos, pero también por “las cláusulas de atardecer” (sunset o de vigencia limitada) donde uno sale de esos tratados, pero las cortes siguen teniendo jurisdicción por cinco, diez, quince o veinte años después de haber salido. Entonces siguen estando vigentes por inversiones que se hicieron mientras el tratado estuvo vigente y por el tiempo acordado”, explicó Akram.
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Un riesgo inevitable
En este mismo sentido, explica, de garantizarse el derecho a la vejez digna o a la salud universal, aun así, habría que desarrollar un trabajo político jurídico posterior a la nueva Constitución; que permitiera reorientar la economía y la matriz productiva del país para poder retirarnos de los TLC ya firmados. Por ejemplo, en el caso de EE. UU. “si uno sale del tratado de protección de inversiones uno pierde todos los beneficios arancelarios. Eso destruiría la economía, no podemos salir del tratado ahora”, sinceró el académico.
Pero por otro lado, suponiendo el cambio y consagración del derecho a la vejez digna y con esto cambiar leyes en materia previsional o en salud, “el riesgo de demandas por AFP o Isapres, si cambiamos la ley para que, por ejemplo, reduzcan sus utilidades, es real. E inevitable de cierta manera”, alertó el experto. Al mismo tiempo que dio cuenta de que los TLC operan en algunos aspectos como una camisa de fuerza o una “supraconstitución”; concepto utilizado por organizaciones que en la última década han denunciado estos acuerdo y sus efectos en la vida de los pueblos.
¿Cómo evitar estas demandas?
Pero no todo pinta tan terrible, al respecto, el doctorado en ciencias sociales y políticas explicó, mediante un ejemplo, una alternativa para reducir el riesgo de demanda de parte de las trasnacionales. Hassan Akram lo explica así para el caso de pensiones:
“Si creamos un sistema solidario de pensiones con pozo común y las cotizaciones futuras van a ese pozo y no lo cambiamos altiro, sino que el Estado da un tiempo, cinco años quizás, y además es opcional, la gente se va a ir porque odian las AFP. Entonces las AFP no pueden decir que han sido expropiadas porque el Estado puso una ley obligando a la gente a salirse de sus servicios. Si se plantea como algo voluntario y las personas salen de estas y entran a otro sistema público, es mucho más difícil que demanden”, propuso el doctor.
Al finalizar, Akram destacó el aumento de participación en el plebiscito y se lo atribuye al aumento del voto de “rezagados”. Es decir aquellas personas apolíticas, disconformes, desilusionados y dejadas atrás por el sistema, pero que en esta oportunidad se manifestaron mediante la institucionalidad; cuestión que desarrolla con profundidad en su libro El Estallido. ¿Por qué? ¿Hacia dónde?, publicado en noviembre del año pasado.
Junto con esto, el experto destacó la importancia de ir a votar, estar informados y participar de las instancias políticas; el protestar, marchar y cacerolear. Esto ya que “tenemos este proceso constitucional como producto de manifestaciones transgresoras que enfrentaron directamente a las fuerzas de represión, lo que fue importante para espantar a la clase política, entonces la movilización activa es súper importante”, finalizó.
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