Una de las condiciones para que un estado sea reconocido como democrático es la sumisión de sus fuerzas armadas al poder civil. Esto se expresa en la omisión de cualquier opinión sobre el acontecer político y en la no intromisión en las labores de otros organismos del estado. Esto no se ha respetado por parte del Ejercito el último tiempo y en el evento más reciente fue secundado por la Armada y la Fuerza Aérea. Esto manifestó la contradicción que actualmente tiene la libertad de expresión y el Ejército.
Libertad de expresión y Ejército
El Ejército ha asumido una posición deliberativa del acontecer nacional mediante cuestionados comunicados. El primero fue emitido el 6 de marzo de este año cuando la institución clasificó como “antichilenos” a quienes “vandalizaban” la estatua de Baquedano. Junto con clasificar de esta manera a sus compatriotas insto a “todos los sectores sociales” a sumarse a su postura.
El segundo comunicado fue a raíz de un segmento del programa “Políticamente Incorrecto” del canal “La Red” en el cual se entrevistaba a “un militar de verdad”. En la sátira se hacia alusión a los casos de corrupción dentro del Ejército y a las funciones que cumple la institución. Esto no cayó nada bien en el Ejército, quien además de emitir un comunicado envió una carta dirigida al director ejecutivo del canal. Esta acción fue secundada por las demás ramas de la fuerza armadas chilenas y el ministerio de defensa con sus respectivos comunicados.
Espionaje a civiles
El primer incidente del que damos cuenta es probablemente el más grave, pues se ha realizado como reacción a las investigaciones que dan cuenta de las redes de corrupción al interior de la institución castrense. Estas se han materializado en las operaciones “Topógrafo” y “W”, junto a la vigilancia de efectivos de inteligencia a la magistrada Romy Rutherford. Respecto de las dos operaciones el Ejército señaló que no se puede referir y fueron realizadas por sospecha de filtración información clasificada.
La primera consistió en espiar a los efectivos del Ejército que estaban denunciando los casos de corrupción de su alto mando. La segunda fue dirigida en contra de periodistas chilenos a quienes se les intervino sus líneas de celular. En el caso del periodista Mauricio Weibel, quien sacó a la luz el “milicogate”, la Dirección de Inteligencia del Ejercito (DINE) mintió al poder judicial para obtener autorización para actuar.
Ciper reveló esta situación, lo que derivó en una investigación que en este momento mantiene el Ministerio Público. Por consecuencia de esta ya se ha descubierto que también se investigó a 5 periodistas más; dos miembros del programa Informe Especial; Javier Rebolledo autor de diversas investigaciones sobre la dictadura; Pascal Bonnefoy quien investiga casos de violaciones a derechos humanos y corresponsal del New York Times; Juan Cristóbal Peña ,autor de diversas investigaciones sobre el FPMR y el dictador Pinochet.
Vigilancia a la ministra Rutherford
Sobre la vigilancia a la ministra Rutherford, el mismo medio afirma que los primeros avistamientos de miembros de la DINE en las inmediaciones del palacio de tribunales fue en agosto y septiembre de 2019. Los “arrepentidos” (como se refirió uno de los vigilantes a los denunciantes de corrupción), identificaron a sus colegas. Un año después, en agosto de 2020, dos personas fueron descubiertas por carabineros asomándose por la ventana del despacho de Rutherford. Uno de ellos pudo ser sometido a un control de identidad y allí se pudo constatar que se trataba de un efectivo de la DINE.
Tal vez te interese: El prontuario de Carabineros
Síguenos en Redes Sociales
Ver esta publicación en Instagram
