Crónica de una muerte anunciada, así cataloga Natalia la situación que viven cientos de pobladores, agricultores y ganaderos de distintas localidades de la comuna de San Javier, Región del Maule, afectados por el bajo caudal del río Perquilauquén, que fue secado por completo en el verano de 2022 en el tramo que irriga la localidad de Caliboro. Tomate Rojo escuchó muchas voces y dio una gruesa pincelada a la situación hídrica del Maule sur.
Natalia -nombre ficticio para proteger su identidad- y su familia fueron amenazadas vía telefónica por denunciar extracción ilegal de agua del río Perquilauquén. Tras la amenaza aunaron voluntades con la junta de vecinos de Caliboro y la Municipalidad de San Javier para presentar una solicitud de fiscalización a la Dirección General de Aguas (DGA) y a la Dirección de Obras Hidráulicas (DOH) del Maule, ubicada en Talca.
A Natalia, quién es activista medioambiental de la comuna y descendiente de campesinos, le parece triste que “la gente esté naturalizando esto y no se pregunten ¿por qué pasó?, ¿quién fue? Y lo más relevante: que esto no debería pasar”, explica en entrevista con Tomate Rojo.
“Pese a que esta es una problemática que tienen otros ríos del país, esto está sucediendo en la Región del Maule y no en el norte. La idea es empezar a problematizar para que el próximo año no ocurra y esto a propósito de la idea de racionar el agua, pero ya nos la vienen robando hace mucho, entonces ¿cuál va a ser el agua que nos van a empezar a racionar?”, agrega, preocupada por la actual situación hídrica del Maule sur.
“Si a la gente le cortan el río, le cortan la vida”
Ya se ha convertido en un hábito para los vecinos de las más de 20 localidades rurales de la comuna de San Javier como Caliboro, Nirivilo, Rastrojo, vado de la Patagua, Quilquilmo y Santa Rosa de Purapel, por nombrar algunas, recibir agua de camiones aljibes desde hace ya 10 años.
También se ha vuelto una práctica usual para los pobladores presentar solicitudes de fiscalización a la DGA y la DOH del Maule, tanto a título personal como elevando esta solicitud a la Municipalidad. Sin embargo, son contadas las veces que han sido efectivas las fiscalizaciones, y menos las oportunidades en que se ha sancionado a quienes extraen agua de forma ilegal e intervienen el cauce del río.
Hace décadas las y los vecinos de las localidades hoy sin agua podían abastecerse de esta a través de pozos de no más de 10 metros de profundidad. En la actualidad para llegar al agua deben tener pozos de al menos 60 metros de profundidad, ya que los de 20, 30, o 50 metros no llegan al agua. De ahí la necesidad de los camiones aljibes.
“Los de las viñas se toman toda el agua y las napas ya no las puede llegar a tocar otra persona con su pozo. Si a la gente le secan el río, le cortan la vida. Ya no tenemos agua, nos la dan a través de camiones aljibes, nos están precarizando la vida y además nos cortan el agua del río, entonces ¡¿qué más quieren?!”, se pregunta indignada Natalia.
Y es que la escorrentía superficial del río alimenta napas subterráneas, regula temperatura, sostiene especies de flora y fauna nativa que garantizan un ecosistema sano, provee de agua al ganado y mantiene humedad en el ambiente, que entre otras variables, genera la lluvia.
“El río se ve afectado por multifactores como la escasez actual de lluvias y elevación de la isoterma en la cordillera, lo que no genera deshielos en primavera. Pero la merma mayor es por uso intensivo industrial del agua”
A su vez, el secado del río en verano ha afectado las huertas familiares, práctica que ha desaparecido progresivamente, afectando la economía familiar de cientos de personas, principalmente adultos mayores.
“El río se ve afectado por multifactores como la escasez actual de lluvias y elevación de la isoterma en la cordillera, lo que no genera deshielos en primavera. Pero la merma mayor es por uso intensivo industrial del agua”, asegura a Tomate Rojo Héctor Bravo, presidente de la organización socioambiental Maule Sur por la Vida, quién también afirma que la desaparición total del río tiene estrecha relación con el sobre otorgamiento de derechos de aguas, poca eficiencia empresarial y el poco actuar de la autoridad.
Realidad oculta por la privatización
Los 45 mil habitantes de la comuna de San Javier viven, mayoritariamente, en la ciudad de San Javier y en las distintas localidades rurales. Ubicada al oriente del río Loncomilla, esta comuna es un territorio que combina pequeños valles, montes y pendientes significativas, lo que ha generado un habitar disperso. La principal actividad económica es de carácter agroindustrial vitivinícola, con presencia también de varios cientos e inclusive miles de hectáreas de cerezos, avellana europea, maíz, nogales, pinos y eucaliptos.
La compleja situación hídrica de la comuna de San Javier queda en evidencia con, por ejemplo, el hecho de estar declarada como zona de escasez hídrica en la actualidad. La primera vez que fue declarada como tal fue en 2011 y se ha prorrogado este decreto en diferentes oportunidades.
Los fundos y predios privados en los que se emplazan los diferentes monocultivos colindan con el río Perquilauquén, esto lo vuelve un río poco conocido para la gente y para el municipio. A su vez, la larga extensión del río y su particular trayecto -este “sube” una vez que desciende desde la Cordillera de los Andes- por las comunas de Parral, Retiro, Cauquenes y San Javier, al mismo tiempo que su primer tramo marca la frontera entre la regiones del Maule y Ñuble; lo vuelven un territorio que precisa de acción conjunta intercomunal e interregional.
“La sequía del Perquilauquén es terrible y como es fronterizo ninguna entidad política se mete realmente porque como que no es de nadie”, plantea Bravo.
Sin embargo, el Peruilauquén no es el único río que año a año, durante el verano, es secado en varios tramos. Los ríos Purapel y Cauquenes, tributarios del Perquilauquén, también han sido sujeto de fiscalizaciones, pero también de sinsabores para los vecinos de las comunas de San Javier y Cauquenes.
“Hay que estar atentos”
En marzo de 2021, tras una investigación de más de un año, fue sancionada por la DGA la viña Sucesión Patricio Valdez -un empresario pequeño en comparación a sus vecinos-, con 10 millones de pesos, por extracción ilegal de agua del río Purapel. Paulina Albornoz, encargada de la Unidad de Medio Ambiente de la comuna de San Javier, comenta que esta “fue la primera vez que llegamos a algo, antes no se había conseguido nada y esa fue la primera vez que se sancionó”, dice en entrevista con Tomate Rojo.
Sin embargo, nuevas denuncias ingresadas este 2022 por la Municipalidad de San Javier, esta vez relacionadas con remoción de tierras, extracción de áridos y construcción obras en el lecho del río Purapel, fueron desestimadas por la DGA.
“Cuando fuimos a ver el río había un camino construido por el lecho, pero cuando fue la DGA, la gente del fundo a la que se le estaba acusando de esta intervención, dijeron que era solo para pasar maquinaria de un lado a otro”, afirma Albornoz con tono de sospecha, ya que lo más probable es que ese camino aún exista y sea utilizado, “hay que estar pendientes”, concluye.
Casos como el desvío de aguas, extracción de esta y construcción de obras no aprobadas en los ríos que atraviesan las comunas de San Javier y Cauquenes -ambas contiguas- son frecuentes. Desde la municipalidad de San Javier aseguran que es poco lo que pueden hacer en materia de fiscalización y que “si no es por los vecinos, nosotros como municipio tampoco nos enteramos”, admite la encargada de la Unidad de Medioambiente.
Acumulación de denuncias
El mapa de fiscalizaciones de la DGA informa a marzo de 2022 la realización de 25 fiscalizaciones en el río Perquilauquén, de las cuales 10 se encuentran en trámite desde 2020 y tres desde 2021. Las otras 15 están resueltas, en su mayoría rechazadas. Pero las y los vecinos son enfáticos en que esta realidad se arrastra desde hace al menos un lustro y que no hay verdaderas intenciones de solucionar el tema de fondo: el desigual aprovechamiento del agua y la precarización de la vida de las personas que se desprende de esta desigualdad.
“Desarticular el agua también desarticula a las comunidades. Los que captan son terratenientes que contratan a personas de la localidad y se fragmenta el tejido social, porque el gran agricultor desconoce el impacto de no tener el río durante los meses de verano”, alerta Natalia.
Tanto desde Maule Sur por la Vida como Natalia aseguran que la DGA ha acumulado denuncias, al menos, durante los últimos cinco años, que dan cuenta de la sistematicidad de la intervención de los ríos del Maule y creen que un trabajo sistemático en fiscalización antes, durante y después del periodo estival, sería el comienzo de un proceso para revertir la situación hídrica del Maule sur.
La Unidad de Medioambiente de la Municipalidad, creada en 2018 bajo la primera administración del alcalde de San Javier, el democratacristiano Jorge Silva Sepúlveda, desconoce exactamente cuántas son las zonas rurales afectadas por la falta de agua. Tampoco poseen un catastro completo de las zonas secadas de los ríos de la comuna, pero Albornoz sí comentó que “la gente viene a diario, nosotros tenemos reclamos justamente por las empresas agrícolas, todos los días hay nuevas denuncias”, especificó.
Agua para la agroindustria en desmedro de la población
Manifiesta Bravo que la situación que se está viviendo en las comunas de Cauquenes y San Javier es insostenible en el tiempo y avizora un quiebre socioambiental de no tomarse medidas como una revisión del otorgamiento de derechos de aguas en base al caudal que poseen en la actualidad los ríos.
“Necesitamos que la autoridad dé la cara porque esta situación es súper grave. En Cauquenes ya no llueve, tenemos diez meses de sequía y el río Cauquenes tampoco tiene agua, no tenemos río y estamos llenos de agroindustria que nos está consumiendo las aguas subterráneas”, alerta Bravo, quién también ha visto amenazada su integridad física por las denuncias que ha realizado. “Ha venido gente a querer quemarme la casa, una persona quiso quemarme vivo”, dice con voz seca el presidente de Maule Sur por la Vida, quien denunció a Carabineros estos hechos.
Según la información, producto del trabajo que ha realizado Maule Sur por la Vida y su presidente, la organización informa que en los sectores en los que el río se seca en época estival están distribuidos en las zonas de La Junta, vado la Pipa, el sector de Noroa, vado Banvali, (sector de Santo Toribio) y el Valle,en el cruce de Loma Larga, entre otros.
Por otro lado, en 2022 la Municiplaidad de San Javier aprobó una ordenanza municipal en materia de medioambiente, la que facilitaría la participación ciudadana, la gestión de residuos y el reciclaje. A la vez, la ordenanza entrega mayores atribuciones a la autoridad comunal para regular vertimiento de basura en el lecho del río y fiscalización de la leña utilizada por los pobladores. Sin embargo, en relación a la situación hídrica de la comuna la norma se enfoca en el uso doméstico.
-¿En materia de abastecimiento de agua o del estado de los cauces de los ríos qué plantea la ordenanza?
-“Plantea el cuidado del agua. La gente no puede dejar corriendo la llave de los jardines o lavar los autos en la calle con la manguera corriendo. También protege el cauce de los ríos para que no tiren basura. Si bien son cosas pequeñas también pueden influir en las conciencias ambiental de la comuna”, informa Albornoz a Tomate Rojo.
Un conocido de Sanhattan en el Maule
Una de las empresas que operan en el sector afectado por la escasez de agua son la viña RR Wine, la segunda mayor exportadora de vino a granel de Chile. Esta opera a través de Pulmodón Ltda, ubicada en la localidad del mismo nombre en el sector de La Junta, en la confluencia del río Purapel y el Perquilauquén; y cuyo fundador y accionista mayoritario es Raimundo “Paila” Valenzuela Lang, un reconocido especulador bursátil.
En septiembre de 2018 la Superintendencia del Medio Ambiente levantó cargos contra RR Wine por producir 15 veces más de lo autorizado por el permiso medioambiental, modificar la planta para el tratamiento de residuos industriales sin contar con la Resolución de Calificación Ambiental y descargas de los mismos hacia el estero Carretones, entre otros cargos, según consignó El Mostrador.
Por otro lado, en 2019 y 2020 RR Wine fue fiscalizado por la DGA tras denuncias relacionadas con extracción de agua según Bravo y hasta el día de hoy el Valenzuela no ha sido notificado por el ente fiscalizador y “podría tener infracciones por robo de caudal de agua y obras civiles no autorizadas en su fundo Noroa, en Santo Toribio -comuna de Cauquenes-, que son temas ligados a condenas penales y no lo han notificado. Hay un entrampamiento del trámite”, plantea Bravo.
Casos como el de la megaempresa RR Wine son más usuales de lo común según las y los vecinos que constantemente denuncian irregularidades en los ríos de sus comunas. Pero los trámites y resoluciones se dilatan mientras el agua desaparece.
Para Natalia la solución es clara: cambiar el ordenamiento territorial para que “no se vea afectada ninguna vida por la acción de otro. No puede ser que el pino, el eucalipto y la uva tengan agua garantizada y los ancianos y niños no”, dice tajante.
Por otro lado, Héctor Bravo, plantea que es vital dejar de ver a los ríos solamente como recursos utilizables para fines netamente económico-financieros, ya que en torno a estos se desarrolla la cultura local y en primera instancia, en torno al agua se desarrolla la vida.
“¿Quién nos va a regular la temperatura, quién nos va a generar humedad, quién se va a hacer cargo de esa relación cultural que tenía el habitante con el río? ¿Qué vamos a hacer, nos tendremos que ir? ¿Nos vamos a agolpar todos en la capital?”, deja las preguntas abiertas Bravo, síntoma de una realidad en la que la falta de voluntad política y de herramientas efectivas de fiscalización, año a año, van preocupando cada vez más a la población de las comunas de San Javier y Cauquenes; tan solo dos de las comunas que hoy atraviesan una compleja situación hídrica en el Maule sur.
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