“Recién estaban instalando los plasmas”, fue uno de los comentarios escuchados desde constituyentes a la salida del ex Congreso Nacional tras segunda sesión, que fue frustrada. De la misma forma, recién el 02 de julio, es decir 3 días antes de la sesión cancelada, se estaban cerrando las órdenes de compra que correspondían a producción técnica. Las críticas a Francisco Encina Morales, secretario ejecutivo de la Unidad Administrativa de la Convención Constitucional, cayeron durante toda la tarde.
Un mes antes, el 6 de junio de 2021, se cerró la recepción de ofertas en Mercado Público para la parte técnica de la convención. El 17 del mismo mes fue adjudicada la licitación. Sin embargo sólo el 02 de julio los tratos fueron cerrados y las órdenes de compra fueron emitidas. Además, según contrato, existían 13 días hábiles para las instalaciones de los requerimientos técnicos. Por ello este 05 de julio la segunda sesión de la Convención Constitucional no pudo realizarse.
La Empresa Nacional de Telecomunicaciones fue la encargada de gestionar el Servicio Enlace Access Point. Es decir, el punto de acceso inalámbrico. El monto desembolsado desde la Secretaría General de la Presidencia fue de $78.352.218 con IVA incluido y el contrato fue cerrado el 02 de julio. En tanto, el sistema de distribución de energía y quien lo proveía también fue finiquitado sólo dos días antes de la primera sesión. Se trató de la empresa DSA Ingeniería Eléctrica SPA, quienes se encargaron del suministro de electricidad trifásica para la Convención Constitucional. El valor de la transacción según asegura la orden de compra número 1180677-34-SE21 es de $258.000.000.
El arriendo de los micrófonos también tuvo orden de compra el mismo día jueves 2 de julio. A la institución Proyectos Audiovisuales Novotic S.A., ubicados en Padre Hurtado Central 673, Las Condes, se le emitió una orden de compra por un monto total de $102.665.574.
El lector de códigos de barras para las cédulas de identidad también fue adquirido ese día, al igual que: los lanyards para las credenciales de personal, prensa y constituyentes ($636.924); kits de limpieza para computadores ($900.235); termómetros con tótem ($748.748) y servicio de impresión de señalética ($401.625)
El arriendo de equipos para la conectividad del Palacio Pereira fue realizado a Redcetus Chile Limitada. El monto asignado para esta tarea fue de $29.610.000, y con el IVA el pago quedó en $35.235.900. La orden de compra fue emitida el 01 de julio de 2021. Los cables de redes fueron comprados a Alejandro Egas, a quien se le emitió una orden de compra el mismo miércoles 1 de julio por $1.099.560.
Órdenes de compra emitidas en junio
Las compras anteriores en materia tecnológica fueron el arriendo de 80 notebooks y 12 computadores tamaño compacto para ser utilizados en la convención. Todo por el monto total de $75.999.993 y un periodo de 9 meses. Al igual que el arriendo de computadores de escritorio para monitoreo, que no especifica cuántos equipos son los arrendados y tiene un valor de $32.000.000.
Además el 18 de junio se emitió una orden de pago por $10.644.883 por el arriendo de otros 80 computadores por la empresa Tecsistem. El 14 de junio y por la suma de $25.414.297 Alfacom también realizó un arriendo de equipos computacionales. Tampoco se especifica la cantidad.
Para saber si las empresas contaban con los equipos, se programó una visita a terreno en calle Catedral N°1150, comuna de Santiago. El horario de la cita eran las 10:00 horas del 14 de mayo del 2021. Francisco Encina es el responsable de estos contratos.
Reacciones contra Francisco Encina
Primeramente la sesión no comenzaba por la falta de 44 integrantes, según informaban desde el equipo de la Vocería de los Pueblos. Sin embargo más tarde el retraso ya dependía de otra cosa. Como se ha señalado anteriormente, la capacidad técnica de comunicar cuatro salas que sesionaran en conjunto no se pudo realizar. Inmediatamente se individualizó a Francisco Encina como el principal responsable de la falla en la producción.
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Así convencionales como Valentina Miranda, del Distrito 8, aseguró que “aquí hay un responsable político que es Francisco Encina, que no se ha hecho cargo. Está ganando 7 millones de pesos mensuales y que hoy día no es capaz de tenernos las condiciones básicas”. “La convención constitucional se nombra hace dos meses atrás y hoy vemos que nuevamente la secretaría de la presidencia ha incumplido y no nos ha tenido habilitado precisamente las salas y condiciones sanitarias para poder sesionar”, agregó.
Y ciertamente la parte más cuestionada fue la del incumplimiento de las labores, relacionándolas directamente con su sueldo. “Hay un sueldo millonario del señor Encina que debiera trabajar y tener responsabilidad administrativa para hacer que este espacio sesione. ¿Dónde están esos 854 millones de pesos?¿Qué es lo que se gasta hoy con el dinero fiscal en habilitación? No tenemos asignados asientos, no hay funcionando micrófonos, no hay conexión a internet para darle transparencia al espacio. Esto no es una situación nueva. El gobierno sabía que esto podía suceder”, afirmó Bárbara Sepúlveda, abogada feminista y constituyente del Distrito 9.
Jorge Baradit además aprovechó un punto de prensa para aclara que la suspensión sucedió por la organización y no por la mesa directiva. “La única razón por la que nos juntamos en una sola sala fue porque fueron incapaces de habilitar cuatro salas”, recalcó.
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