La activista mapuche Macarena Valdés decidió un día, junto a sus hijos y su compañero, Rubén Collío, dejar la ciudad para vivir junto a la tierra. Por datos de amigos, la familia llegó al poblado de Tranguil, localidad cordillerana cercana a Liquiñe, en la Región de Los Ríos. Allí se sumaron a la defensa del río que lleva el mismo nombre del poblado, amenazado por la instalación de una minicentral hidroeléctrica de paso perteneciente a RP Global, un holding de origen austríaco.
En medio de esta disputa, el 21 de agosto de 2016, la dueña del lugar donde vivían Macarena y su familia declaró haber sido amenazada por dos trabajadores de la empresa, quienes le habrían advertido que debía sacar a Rubén del lugar o “le iba a pasar algo”.
Al día siguiente, uno de los hijos encontró a Macarena colgando de una viga de la casa. Posteriormente, el Servicio Médico Legal de Valdivia, a través del informe firmado por el médico Enrique Rocco, estableció como causa de muerte una “asfixia por ahorcamiento” y descartó inicialmente la participación de terceras personas.
La comunidad Newen de Tranguil y la familia de Macarena no creyeron en esta versión de los hechos. Esto se tradujo en un llamado a distintas organizaciones para apoyar la causa y conseguir un segundo peritaje, esta vez de carácter privado.
Así se conformó la Coordinadora por Justicia por Macarena Valdés, que movilizó a diversas agrupaciones que acompañaron el proceso. Entre ellas participaron medios comunitarios, comparsas y colectivos medioambientales. También hubo apoyo de organizaciones feministas autónomas, que, como recordó Rubén Collío, fueron “las que primero me creyeron y apoyaron”.
La segunda autopsia, liderada por el médico forense Luis Ravanal y la doctora Carmen Cerda, señaló que no se podía confirmar que se trataba de un suicidio y habían rasgos en el cuerpo de Macarena que daban señal que ella habría estado muerta al momento de ser “suspendida”. Sin embargo, para la Fiscalía estos antecedentes no fueron contundentes para iniciar una nueva investigación.
Ante esta situación, la familia buscó apoyo internacional en el médico forense John Clark, vinculado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). En un nuevo informe se planteó, entre otros antecedentes, que Macarena habría intentado quitarse la soga.
Rubén Collío continuó luchando para que se realizara una investigación que considerara todas las circunstancias de la muerte de su compañera y para que se reconociera la eventual participación de terceras personas, apuntando especialmente a la posible implicancia de la empresa RP Global.
Sin embargo, en febrero de 2022, mientras regresaba de un conversatorio, Rubén falleció luego de que su automóvil se volcara en la ruta. Con su muerte, el proceso judicial y la búsqueda de justicia quedaron debilitados.
Diez años después, la memoria permanece
Año a año, distintas agrupaciones se reúnen en torno al 22 de agosto para conmemorar la vida y la lucha de Macarena Valdés y Rubén Collío como defensores de la tierra y el agua.
Para esta ocasión, en Los Andes se desarrollará un conversatorio sobre la “impunidad en Chile”, organizado por la Red de Terapeutas Tierra y Territorio. En Valdivia, en la Casona de los Jóvenes Ávida, se realizará un encuentro conmemorativo. Por su parte, en Santiago se desarrollarán distintas actividades durante todo el mes de agosto.
A una década de la muerte de Macarena, su nombre continúa vinculado a las luchas por la defensa del territorio, mientras comunidades y organizaciones mantienen viva la memoria de una historia que, para sus cercanos, aún está marcada por preguntas y demandas de justicia.
