El 26 de marzo del 2020 el Servicio Agrícola Ganadero (SAG) levantó silenciosamente y a través de un tweet una nueva polémica en torno a empresas transgénicas chilenas. Se trataba de una consulta ciudadana para aprobar o rechazar un nuevo decreto que beneficiaba a la industria transgénica chilena. A pesar del bajo perfil de la propuesta, organizaciones sociales en torno a la causa alertaron a la población en el mes de abril. A partir de ello se realizó una campaña para inscribirse a la participación que reunió a más de 7 mil personas, la mayoría en contra. Por ello retrasaron en 90 días la consulta. Aún es un misterio lo que pasará con este decreto, pero lo que no lo es es la relación de Trump con él y las promesas de su administración.
Monsanto, Pionner, Syngenta y otros rostros de la industria agroalimentaria que habita Chile con el decreto tendrían nuevas facultades para manipular Organismos Genéticamente Modificados (OMG). Además de las actuales, que permiten pruebas de campo y multiplicación de semillas. El decreto en cuestión permite la “permanencia para siembra, almacenamiento y acondicionamiento” de estas.
Trump gobernando la industria
La cocina política dio su primer paso fuera del horno el 11 de junio de 2019, cuando el presidente Donald Trump realizaba una visita a la planta de etanol en Council Bluffs, Iowa, Estados Unidos. La reunión se realizó para firmar una orden legislativa con distintos objetivos. En lo superficial, se le ordenaba al Departamento de Agricultura de los EE. UU. (USDA), a la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) y a la Agencia de Protección Ambiental (EPA) a unirse para regular de forma más óptima y rápida la supervisión federal de OGM, ya sean vegetales o animales. Junto a ello se creó una plataforma web de biotecnología unificada. Todo siguiendo lineamientos del Grupo de Trabajo de Agricultura y Prosperidad Rural, que en 2017 entregó recomendaciones a la Casa Blanca para mejorar el agro rural.
Pero lo profundo estaba en los apartados 8 y 9 del artículo 2 de la orden de Trump, sobre “Alcance Internacional”. Con un plazo de 120 días desde esa orden, funcionarios de la administración Trump en sus carteras de Economía y Agricultura se encargarían de realizar una estrategia internacional de comunicación y divulgación para comprometer a responsables extranjeros con este mercado. “El objetivo de la estrategia será aumentar la aceptación internacional de productos de biotecnología agrícola para abrir y mantener mercados para las exportaciones agrícolas de los Estados Unidos al exterior”, finaliza el apartado 8.
Instrucciones de Trump sobre Comercio Internacional
El siguiente apartado trata sobre la estrategia de comercio internacional. Dentro de los mismos 120 días los responsables se encargarían de planificar los pasos para “eliminar las barreras comerciales injustificadas y expandir los mercados de productos de biotecnología agrícola”.
El secretario de Agricultura, Sonny Perdue, ha sido uno de los “evangelizadores” de los OGM. El ex senador y ex gobernador republicano fue designado por Trump y su paso por la gobernación de Georgia fue bastante cuestionado. Entre otras cosas porque en 2006, cuando su estado pasaba una de las peores sequías de su historia, Perdue llevó a un grupo de personas hasta Washington para rezar frente al capitolio para que Dios les llevara una tormenta.
Con este personaje el ministro de Agricultura chileno, Antonio Walker, se reunió el 10 de septiembre de 2019, sólo tres meses después de firmada la orden de Trump. El pasaje a Washington tuvo un costo de $8.998.628 mientras que el viaje completo costó $9.135.875, según consta en Transparencia. El objetivo del viaje, según el mismo portal gubernamental habría sido “conocer a las autoridades políticas de Estados Unidos e invitar a nuestro país al Secretario de Agricultura de los Estados Unidos, Sr Sonny Perdue y al Secretario de Agricultura para Programas de Comercialización Regulatorios, Sr.Gregory Ibach”. El mismo viaje se usó para participar en la reunión anual de NASDA (National Association of State Departments of Agriculture).
Pero la visita del ex ministro Antonio Walker, actual candidato a constituyente y dueño de derechos de agua según ha denunciado incansablemente la organización Modatima, no ha sido la única. A la fecha de la inauguración Perdue ya llevaba más de una treintena de reuniones para hacer Lobby por la agroindustria transgénica.
Reuniones para promover los OGM
Durante el desayuno de estreno de la plataforma Farmers.gov Perdue afirmaba la pista. “En mis viajes a 32 estados en mis primeros nueve meses como secretario de Agricultura, constantemente he escuchado que las personas expresan su deseo de un mayor uso de la tecnología en la forma en que ofrecemos programas en el USDA”, discursó en Michigan Farm Bureau.
En enero de este año ya Trump amenazaba a la Unión Europea para que “avanzara” en las negociaciones que incluían la industria alimentaria. El republicano prometió un alza en los aranceles a la importación de autos europeos si no se eliminaba la aprobación de la carne de pollo con cloro y ternera alimentada con hormonas.
Decreto del SAG: el capítulo chileno
El 18 de mayo de este año, 2020, el USDA cambió las reglas para los transgénicos. En el Registro Federal se publicaron las nuevas reglas federales que reducen significativamente su responsabilidad regulatoria respecto de los organismos OGM.
Sustentable, ecológica, consistente, uniforme, responsable y eficiente (Secure) es el nombre de la nueva regla. Ella promete reducir los costos para los desarrolladores e “impulsar la innovación”. Además de la peligrosa ampliación a distintos tipos de verduras y cereales. La firma responsable es de Bernardette Juarez, administradora del departamento de servicios de biotecnología.
“Bajo el liderazgo del presidente Trump, el USDA está implementando la primera actualización significativa de nuestras regulaciones de biotecnología vegetal en más de tres décadas”, dijo Sonny Perdue, secretario de Agricultura de los Estados Unidos. Ello a través de un comunicado de prensa difundido a través de la página oficial del USDA.
Para RAP Chile la decisión norteña “ha abierto las puertas para que los desarrolladores de la industria y las corporaciones agroquímicas y de la biotecnología puedan “auto determinar” si sus productos manipulados deban o no ser sometidos a una revisión regulatoria y a una evaluación de riesgos ambientales”.
Según señala María Elena Rozas coordinadora nacional de la organización, “está claro que nuestras autoridades no están haciendo otra cosa que seguir los lineamientos y órdenes de Estados Unidos, en este caso en materia agrícola”.
“La norma en consulta, de carácter exprés, fue diseñada en Estados Unidos y obedece a su política des regulatoria que bajo el nombre de “regla segura”, encubre nuevas facilidades para que corporaciones transnacionales agroquímicas y de la biotecnología puedan desarrollar sus actividades contaminantes. Nos parece inaceptable que reguladores nacionales hayan abdicado de sus responsabilidades de proteger un bien público como es la biodiversidad y la salud pública a favor de los intereses de las corporaciones que monopolizan el mercado de las semillas. Repudiamos el hecho que la industria agroquímica y biotecnológica esté tomando el control de la regulación de los transgénicos desde dentro de los organismos reguladores del Estado”, escribieron a través de un comunicado.
Sigue leyendo
Bolsonaro contra el Medio Ambiente: las medidas del ultraderechista que condenaron al Amazonas
