Este martes el gobierno entregó, en un documento de 12 páginas, su posición definitiva sobre la firma del Acuerdo de Escazú: rechazo. El tratado, inédito en Latinoamérica y el mundo, busca garantizar el acceso a la información ambiental, la participación ambiental y a la justicia para los defensores de la tierra.
Desde el Ejecutivo consideran que la ratificación al acuerdo generaría una “creciente judicialización de los procedimientos ambientales”. Al mismo tiempo que plantearía un “cuadro global de grave incertidumbre jurídica”, afirman en el documento. Esto, además de una posible exposición a Tribunales Internacionales por “problemas de interpretación de estas nuevas regulaciones”.
La decisión del gobierno es expresada a tan solo cuatro días de que expire el plazo para firmar o ratificar el tratado (aunque se podrá suscribir a posteriori). Para que el Acuerdo de Escazú -exclusivo para países latinoamericanos o caribeños- entre en vigencia se necesitan 11 ratificaciones, de las que se llevan nueve.
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“Incertidumbre jurídica”
En el documento, firmada por los ministerios de Medio Ambiente y de Relaciones Exteriores, el gobierno entrega cuatro motivos para rechazar la firma del acuerdo de Escazú:
- El Acuerdo introduce una serie de principios no definidos que condicionarán nuestra
legislación ambiental. - El Acuerdo podría implicar cambios inciertos en nuestra legislación, dada su
autoejecutabilidad, generando incertidumbre jurídica. - El Acuerdo introduce obligaciones para el Estado ambiguas, amplias e indefinidas,
que dificultan su cumplimiento. - El Acuerdo expone a Chile a controversias internacionales por la aplicación directa de
sus normas y el carácter ambiguo de las mismas.
Todos estos argumentos están orientados a una “ambigüedad y amplitud de sus términos, su eventual autoejecutabilidad y la obligatoriedad de sus normas que prevalecerían por sobre la legislación medioambiental interna”, señalan en el texto.
Sin embargo, juristas especializados en materia ambiental ya han desestimado los motivo del Ejecutivo.
Expertos sobre firma del Acuerdo de Escazú
Por ejemplo, ante el temor del gobierno a que el país sea demandado en instancias internacionales, Valentina Durán, directora del Centro de Derecho Ambiental de la Universidad de Chile, explicó a El Desconcierto que “se está viendo un riesgo imaginario donde no lo hay. Lo hemos analizado con profesores de derecho internacional; y nadie está seriamente dispuesto a sostener que podríamos ser demandados ante la Corte Internacional de Justicia por incumplimiento del acuerdo”.
Por su parte, Verónica Delgado, profesora de Derecho Ambiental en la Universidad de Concepción, sostiene que “el gobierno ha improvisado varios argumentos para no firmar. Todos descartados por expertos. Si el temor es la ‘litigiosidad’, hay que tener claro que en el corazón de Escazú está justamente el propósito de evitar conflictos”, indicó a La Segunda.
Respuesta del activismo
La respuesta del activismo ambiental nacional no se hizo esperar. Sebastián Benfeld, embajador del Acuerdo de Escazú en Chile, manifestó su indignación respecto a la decisión del Ejecutivo.
“Nos indigna profundamente la decisión del Gobierno de Sebastián Piñera de no firmar el acuerdo por los DDHH y el Medio ambiente más importante de los últimos 20 años. Las respuestas formuladas por el Canciller dan cuenta de su incapacidad de dar con argumentos reales que justifiquen su decisión para no firmar el tratado que su propia cartera escribió durante más de 6 años”, indicó el joven activista a Tomate Rojo sobre la firma del Acuerdo de Escazú.
“Esto es un portazo en la cara para los más de 60 jóvenes que impulsamos la campaña “Escazú Ahora Chile”, a las más de 20 mil personas que hoy exigimos que no se nos deje fuera de este importante acuerdo y, en definitiva, a todos quienes estamos convencidos de que es urgente tomar medidas concretas para frenar el avance de la crisis climática y ambiental en nuestro país. Piñera, Allamand y Schmidt pasarán a la historia como los responsables de que todo Chile se convierta en una gran zona de sacrificio el día de mañana”, agregó.
Greenpeace, en la misma línea que Benfeld, acusa que “el gobierno del presidente Piñera ha engañado al país haciéndonos creer que los temas medio ambientales están en el centro de su agenda. No es así y hoy ha quedado ratificado con la intervención del Canciller”.
Discursos cruzados
Durante el primer gobierno de Piñera, Chile fue uno de los principales ideólogos de la firma del Acuerdo de Escazú. Pero, desde que se inició su proceso de firma en septiembre 2018, la actual administración ha manifestado un rechazo constante al tratado.
Hace un año, el mandatario presentaba los mismos reparos impresos en el documento entregado en la jornada del martes. “Tiene algunos problemas que deben ser resueltos antes que Chile lo firme (…) Por ejemplo, problemas de cesión de soberanía, o problemas que pudieran llevar a Chile a que sea demandado ante cortes internacionales sin justificación”.
Sin embargo, en la 75 Asamblea General de la ONU, celebrada remotamente este mismo martes, el presidente Piñera se arrogó una inclaudicable acción a favor del medio ambiente. “Estamos construyendo una alianza por la ambición climática”, mencionó, después de repasar los avances en materia ambiental de su gobierno, como la presentación del nuevo NDC.
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