Durante estos días hemos recibido una serie de lluvias abundantes como no veíamos en años, lo cual pareciera traer un panorama esperanzador respecto a la sequía que se viene arrastrando hace algunos años. A pesar de que estas han sido beneficiosas, en el sentido que han vuelto a correr algunas quebradas y esteros, no debemos confundirnos y pensar que esto sanará el déficit y saqueo del agua al cual hemos sido sometidos por años. Estas precipitaciones no sanarán años de sequía ni mucho menos la negligente gestión del recurso determinada por el neoliberalismo que ha permitido tamaña crisis del agua.
El estallido social o crisis política, la crisis sanitaria originada por el Covid-19 y la crisis económica han invisibilizado otras crisis que vienen emergiendo hace algunas décadas, como la del agua. La privatización del recurso, sumado a la sequía están dado origen a una profunda crisis de acceso al agua en la sociedad.
De dónde viene la crisis del agua
Esta crisis viene configurándose hace algunas décadas y tiene sus cimientos en la dictadura militar con la creación del Código de Aguas (1981), donde fueron entregados derechos de aprovechamiento de aguas gratuitamente a particulares, y se limitó la capacidad del Estado para regular e intervenir el uso que se les diera. Una vez constituidos esos derechos fueron incorporados al patrimonio privado de sus titulares, teniendo como garantía el amparo constitucional del derecho de propiedad de modo que no se prioriza el uso del recurso para la vida humana. Chile es el único país del mundo donde el agua no es un bien público sino privado, es decir, donde un particular puede comprar los derechos de apropiación y uso de aguas subterráneas y/o superficiales, prohibiendo de esta forma su uso al resto de la comunidad.
En la Constitución Política el agua es definida como un bien nacional de uso público, pero al mismo tiempo es transable en el mercado. El artículo 19 N° 24 de la Constitución dispone que los derechos de los particulares sobre las aguas, reconocidos o constituidos en conformidad a la ley, otorgarán a sus titulares la propiedad sobre ellos. De esta forma se protege constitucionalmente el derecho de dominio y desconoce a las aguas su condición de bien nacional de uso público; quedando dicha disposición en una mera declaración. Esto ha traído como consecuencia que las comunidades que sufren la escasez del recurso no sean consideradas como prioridad por sobre los titulares de los derechos. Lo anterior se traduce en una serie de conflictos como el que vive la comunidad de El Melón y Petorca en la Región de Valparaíso.
A la situación descrita anteriormente se suma la prolongada sequía que viene arrastrándose hace más de una década en el país con la falta de precipitaciones y el descenso de las napas subterráneas debido a la explotación indiscriminada del recurso. Según información de la Dirección General de Aguas, entre Atacama y El Maule el déficit de precipitaciones es de entre un 77% y 100% con relación al promedio histórico. Los causes más afectados son el río Petorca (-95%), río Diguillin de Chillan (-91%), río La Ligua (-88%), río Ñuble (-88%) y río Teno de Curicó (-81%). En los principales centros urbanos, donde se concentra la mayor parte de la población, las cifras también marcan un importante déficit. En Valparaíso el río Aconcagua tiene un déficit de 65%, en Santiago el río Maipo de 74% y el río Biobío de Concepción de 72%. En el caso de los embalses de agua tienen un déficit promedio de 57%, donde los destinados al agua potable han descendido en un 51%, los de riego en un 72%, los de riego y generación de electricidad un 23% y los de generación de energía eléctrica 20%.
Si bien el déficit de agua se debe en parte a la falta de precipitaciones que viene evidenciándose hace algunos años, también hay responsabilidad de los grandes propietarios de derechos de aguas que han contribuido a empeorar la situación, ya que, a través de maquinaria moderna, estos mismos propietarios u otros han ido accediendo a aguas subterráneas y/o superficiales, legal o ilegalmente, haciendo descender rápidamente la disponibilidad del recurso, sin regulación que sea efectiva.
Crisis del agua silenciosa
Esta crisis “silenciosa” tiene como síntomas principales una serie de situaciones que se han evidenciado durante los últimos años que afectan principalmente a quienes no pueden acceder a derechos de agua por el valor elevado que han adquirido. Es decir, pequeños agricultores y ganaderos, y pobladores. Esta situación ha traído como consecuencia que los pequeños productores no puedan regar sus predios porque sus pozos se secan, no puedan alimentar a sus animales, y las familias sean sometidas a recurrentes cortes de agua, los que en algunos casos han tenido que subsanarse con la instalación de estanques que son abastecidos cierta cantidad de veces a la semana por camiones aljibes, lo cual tiene sus desventajas sanitarias.
Hoy en 2020, en plena pandemia del Covid-19, la situación es más grave aún. Esto debido que la prevención del contagio del virus requiere necesariamente de un recurrente lavado de manos y vestimenta, el cual se ve imposibilitado por las comunidades que sufren la escasez, negándoles así un derecho de salud. A esta crisis sanitaria se suma la crisis económica que ha reducido los ingresos de miles de familias que cada día se les dificulta más poder acceder a alimentos, más aún cuando la crisis del agua hace elevar los precios de frutas y verduras que son esenciales en la alimentación.
¿Qué hacer?
Para poder enfrentar la creciente crisis del agua urgen cambios profundos, dado esto es necesaria la derogación del actual código de aguas impuesto en dictadura, y con esto un cambio de constitución que defina el agua como un bien público y derecho social que debe ser garantizado por el Estado para todas y todos, priorizando siempre el consumo humano. Esto debe venir acompañado de una nueva legislación que regule el uso y gestión del agua, de modo que sea de carácter pública y que contemple principalmente la soberanía nacional sobre los recursos hídricos.
La nueva legislación debe considerar elementos que permitan la implementación de políticas de agua adaptables a la crisis mundial de cambio climático. Por lo que debe considerar el uso responsable del recurso, así como contemplar priorizaciones en el consumo durante los periodos de sequía extrema; evaluando así sus periodos de retorno de tal manera que su uso sea sostenible en el tiempo.
Junto con el cambio en la legislación que defina la nueva gestión del recurso deben implementarse otras políticas enfocadas en la lucha contra la desertificación y los monocultivos que han sido agravadores de la sequía, y en efecto fomentar el cuidado del bosque nativo el cual reduce los efectos devastadores del cambio climático en los recursos hídricos.
Por último, es fundamental la organización popular y la acción directa en la recuperación del recurso hídrico para las pobladoras y pobladores de Chile. Es por esta razón que se vuelven totalmente legítimas acciones como la Toma del Pozo 9 de Anglo American en el pueblo de El Melón, la cual generó que la minera cediera dicho pozo a la comunidad, significando así un gran avance del pueblo organizado ante el saqueo empresarial. En esta crisis del agua estas acciones son expresiones completamente válidas en la lucha contra el modelo neoliberal responsable de las políticas que tienen secos nuestros territorios, y si bien las últimas lluvias ayudan, no resolverán en absoluto la crisis del agua configurada por años de gestión neoliberal. ¡Es luchando como avanza el pueblo!
Karen White | Dirigenta Ukamau El Melón – Nogales
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